Jorge Meléndez Preciado
México es el país más peligroso del continente americano para los informadores, según el análisis 2019 de Reporteros sin Fronteras. En 2018 hubo 10 compañeros asesinados y dos en los primeros meses de este año, aunque en la actual administración van, cuando menos, seis tecleadores a quienes se les mató. Nuestro país está en el lugar 144 de 180 países en cuanto a la libertad de expresión.
Ante esos números aterradores, hace días el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, dio a conocer el proyecto de publicidad del lopezobradorismo. Se destinarán cuatro mil 711 millones de pesos este año, para seis mil medios registrados, entre los que se cuentan dos mil 52 radiodifusoras, 865 televisoras y mil 590 medios impresos, más otros de las redes sociales.
La contratación de los espacios no será por equidad y objetividad, sino más bien por alcance de los medios, audiencia y número de posibles escuchas o televidentes. Algo que no es tan fácil saber a ciencia cierta, ya que los encargados de hacer las mediciones están en pugna y presentan datos muy contradictorios, por ejemplo, Inra pone a Carmen Aristegui en el lugar 23 e Ipsos la coloca en el número uno. ¿Quién tiene la razón? Por ello, algunos han dicho que el Inegi debe entrar a solucionar esas disparidades, mediante un estudio más serio y cuidadoso, sin sesgos.
Ningún medio podrá recibir más del 25 por ciento de la pauta publicitaria, algo que debe ser menor, pero nulifica lo que hace años hacían los gobiernos pripanistas: darles a las televisoras hasta el 50 por ciento de la publicidad.
Se dijo, por Ramírez Cuevas, que no habrá preferencias ni censura. Pero es necesario que las agrupaciones de profesionales y la sociedad civil vigile al gobierno actual para que realice sus funciones cabalmente.
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