Luis Carlos Rodríguez González
En los hechos los gobiernos de Estados Unidos y México parecen tener una coincidencia en el tema de la protección de sus fronteras y el éxodo de centroamericanos que buscan llegar al vecino país del norte: criminalizar a los defensores de migrantes y quienes ofrecen ayuda humanitaria en su tránsito hacia aquella nación.
Se habla de que con el nuevo gobierno mexicano existe una política migratoria soberana y que no responde a los intereses de Washington. Sin embargo, el diario The New York Times publicó el pasado 1 de marzo que “los funcionarios mexicanos han estado cumpliendo con las metas migratorias del gobierno estadounidense de Donald Trump en varias partes de la frontera, lo que socava las promesas del gobierno de México de defender a los migrantes y respaldarlos en su búsqueda por una mejor vida”.
“Las autoridades mexicanas están bloqueando el paso de grupos de migrantes en pueblos fronterizos: no les permiten caminar hacia los puentes de cruce para solicitar asilo en Estados Unidos, han interceptado a los menores de edad no acompañados antes de que lleguen a territorio estadounidense y han asistido en la gestión de listas de solicitantes de asilo por petición de los estadounidenses que quieren limitar la cantidad de personas que cruzan”.
Lo que hasta hace unas semanas se pensaba que era el fin de la “Border Patrol Mexicana” que se instrumentó desde tiempos de Felipe Calderón y se continuó con Enrique Peña Nieto, todo ello bajo el amparo de la Iniciativa Mérida, parece que goza de cabal salud y existen señales de alerta por parte de defensores de derechos humanos y de migrantes.
Hace unos días en Washington, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, aseguró que tienen identificadas a las organizaciones que reclutan migrantes centroamericanos para las caravanas que buscan llegar a Estados Unidos y señaló en concreto a Pueblo sin Fronteras.
La encargada de la política interior mexicana alertó de que, de no cambiar la situación en el Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras-, la cifra de inmigrantes puede llegar a 700,000 cada año.
De inmediato la organización Pueblos Sin Fronteras rechazó los señalamientos y aclaró que son un organismo de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes por lo que sus dichos criminalizan a la sociedad civil. Puntualizaron que esta organización no ha participado en la organización de ninguna caravana migrante en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
“La nueva política de @INAMI_mx es un fracaso, criminaliza y vulnera a la población migrante. El discurso oficial aparenta respeto a los derechos humanos pero la realidad es otra – INM caza a lxs migrantes y a defensores de ddhh, opera como policía fronteriza de EEUU”, escribieron también en Twitter.
Otras señales de esta política. El pasado 15 de febrero policías de la Ciudad de México detuvieron al defensor de derechos humanos Cristóbal Sánchez y agredieron al migrante honduñero Denis Omar Contreras cuando se encontraban afuera del albergue habilitado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.
El vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa, dijo que este tipo de detenciones, que no son aisladas, “es una estrategia clara que se ha venido presentando desde que entró en funciones la nueva administración federal, para detener a los migrantes que vienen apoyando y coordinando a sus compañeros”.
Aseguró que las autoridades mexicanas quieren es deshacer las redes de apoyo que están acompañándolos en la ruta migratoria. “Y esa no es la forma de controlar los flujos migratorios de centroamericanos que huyen de sus países de la pobreza y la violencia”.
Del otro lado del Río Bravo, Tucson hace unos días cuatro voluntarios del grupo No Más Muertes fueron declarados culpables en un juzgado federal por colocar agua en la frontera de Arizona para salvar la vida de inmigrantes indocumentados.
El juez federal Bernardo Velasco emitió su veredicto contra Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse y Zaachila Orozco, acusados de ingresar y colocar galones de agua en el Refugio de Vida Silvestre de Cabeza Prieta, una remota área al sur de la población fronteriza de Ajo donde casi un centenar de inmigrantes mexicanos y centroamericanos han muerto desde 2014.
Muchas coincidencias en la política migratoria de los dos países. Las sentencias en Arizona en contra de voluntarios que buscan frenar las muertes de migrantes y las acusaciones y detenciones en México a quienes acompañan y protegen las caravanas sólo corroboran lo que dice The New York Times. Tal Cual.
