Pablo Cabañas Díaz
(Segunda parte)
En la conferencia de prensa efectuada el pasado 20 de febrero en el Campo Militar de la Séptima Zona, en Apodaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Ernesto Zedillo, porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos, en deuda pública. Zedillo a través del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) logró ocultar unos mil 275 créditos superiores a los 20 millones de pesos de 1994. Fortunas rápidas, derivadas del financiamiento privado ilegal a campañas priístas, e indiscriminada cesión de empresas públicas a intereses privados están en el barril sin fondo en que se convirtió el Fobaproa. Sus pasivos equivalen a un total de 552 mil 300 millones de pesos, equivalentes a 67 mil millones de dólares.
Además de las ilegalidades de los pagarés sin garantías requeridas existe inconstitucionalidad en el Fobaproa. Zedillo operó sin la aprobación requerida del Congreso y el gobierno asumió obligaciones frente a los bancos en violación al artículo 73 de la Constitución, que estipula expresamente que para que el Ejecutivo contraiga deuda requiere autorización y aprobación del Congreso. Así, el gobierno violó leyes, usurpó funciones reservadas al Congreso, y rompió el orden constitucional.
Los gastos de la campaña del PRI en la elección de 1994, fueron financiados por Banpaís y por el Banco Unión, de Carlos Cabal Peniche, terminaron siendo sido absorbidos por el FObaproa. Se probó así que el PRI había recibido donativos procedentes de fraudes bancarios y que no había informado -como la ley lo obligaba- acerca de esos donativos.
Las aportaciones conocidas después de las elecciones de 1994 representan 4.6 veces el monto nacional del tope de gastos de una campaña electoral. Sólo las revelaciones de Gerardo de Prevoisin Legorreta quien en esos años fue Presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico quien señaló que el donativo de su empresa a la campaña de Zedillo rebasaba en 12.3 veces el monto máximo que puede aportar una persona física, y 2.4 veces el monto máximo de aportación permitida a una persona jurídica. Por eso el gobierno no quería que se conocieran las entrañas del Fobaproa. Quería mantener en el anonimato a sus donantes ilegales, garantizándoles impunidad, y garantizándose la oportunidad de proseguir con ese esquema en futuras elecciones. La oposición demandó que el PRI devolviera el dinero mal habido. Y aunque esto no se tocó, había bases legales para demandar la nulidad del registro priísta. Ante las evidencias, el PRI sólo aduce que su campaña de 1994 es “caso juzgado”, aunque olvidó el elemento de pruebas supervenientes que hoy las pone en la escena pública el presidente de la República.
