Fernando Irala
Como ha ocurrido desde hace veinte años en el resto del país, las cifras de criminalidad en la ciudad de México se disparan sin que ninguna autoridad atine a remediarlo.
Informan los reportes oficiales que hemos tenido el enero más violento de que se guarde memoria en la capital, pues durante el mes se registraron 143 asesinatos, cerca del doble de los ocurridos en ese periodo en 2018.
Pero no sólo ese delito; casi en todos los rubros se acumula un incremento notable, y en algunos casos mucho más, como el robo a transeúnte, que también creció a cerca del doble; o el robo en el metro, que se cuadruplicó; los robos violentos a negocios, que se triplicaron, o las violaciones sexuales, que se sextuplicaron.
También es notable la frecuencia con que ocurren ejecuciones, o la aparición de cadáveres con huellas de tortura o con mensajes que por su naturaleza hacen pensar en la actuación de delincuentes organizados.
Durante mucho tiempo, la estrategia de los gobiernos locales, de la ciudad y de las ahora alcaldías, ha sido negar la existencia de estructuras criminales, pese a la evidencia en contra.
El crecimiento de los números debiera obligar a nuestros gobernantes a asumir la realidad negada y a tener por lo menos planes para detener y revertir ese fenómeno.
No se ve que eso esté ocurriendo. Por el contrario, la actual jefa de gobierno asume como una campaña en su contra los esfuerzos por visibilizar el riesgo de agresiones y secuestros de mujeres en el metro. Un complot, diría su jefe.
Hemos de pensar que las jovencitas que se sienten amenazadas en los pasillos y andenes del metro, probablemente han sido traicionadas por sus nervios. Pero ¿y los muertos que se juntan al ritmo de cinco por día en las calles de la ciudad, también serán imaginarios?
La criminalidad en la ciudad crece, pues, irrefrenablemente, ante la extraña reacción gubernamental, entre la negligencia y la complicidad.
