Por José Dávalos
Me refiero a los trabajadores de las gasolinerías (panaderías: panadero; carpintería: carpintero; dulcería: dulcero; taquerías: taquero). Esos trabajadores viven de las propinas que generosamente quieran darles los clientes que acuden a cargar los tanques de sus vehículos.
Esa práctica es absolutamente contraria al derecho. Ninguna razón existe para justificar a los patrones que se niegan a entregar a sus trabajadores el salario mínimo por lo menos: el pago mínimo que ordenan la Constitución de la República y la Ley Federal del Trabajo.
“Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento” (Artículo 5º de la Constitución, párrafo tercero).
Los inspectores del trabajo tienen obligación de verificar el pago puntual de su salario a los gasolineros. La Inspección del trabajo está regulada de los artículos 540 a 550 de la Ley Federal del Trabajo.
Entre las funciones de los inspectores está poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y violaciones a las normas de trabajo que observen en establecimientos y empresas.
Pare ello los inspectores de trabajo deben visitar las empresas durante las horas de trabajo, y exigir la presentación de libros, registros u otros documentos a que obliguen las normas de trabajo.
Las irregularidades que observen deben ponerlos en conocimiento del Secretario del Trabajo, en materia federal y de los Directores de Trabajo de los Estados, en los casos de materia local.
Los inspectores de trabajo y los presidentes de las juntas especiales están obligados a denunciar ante el Ministerio Público al patrón que deje de pagar o pague a sus trabajadores cantidades inferiores al salario mínimo general (Artículo 1003),
Al patrón que entregue a uno o varios de sus trabajadores cantidades inferiores al salario mínimo general o comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores a las que entregó efectivamente, se le castigará con la prisión y multa señaladas en las tres fracciones del artículo 1004.
Los instrumentos jurídicos de defensa de los trabajadores de las gasolinerías están ahí, hace falta utilizarlos y aplicarlos.
