Roberto Fuentes Vivar
Primer experimento contra corrupción en AL
Gas LP, Bancos, cobros, Confianza, Evercore, Fonatur
Guatemala.- Esta semana la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cesó sus funciones. Entró el 12 de diciembre de 2006 por la puerta principal y salió por la puerta trasera, tras haber sido acusada de extralimitarse en sus funciones, violar derechos humanos y hasta de actuar para beneficio de las empresas estadounidenses.
En 2006, el gobierno de Guatemala firmó (ante el regocijo mundial y nacional) un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para crear esta comisión, que fue aprobada por la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República en 2007.
El lunes pasado, el presidente Jimmy Morales, decretó el fin del convenio, aduciendo que la CICIG actuó de manera ilegal en varias ocasiones, que se extralimitó en sus funciones, que violó la soberanía nacional y que incluso violento las garantías individuales de guatemaltecos y extranjeros. Inmediatamente fue informada la decisión a los altos mandos de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA).
El miércoles, los empleados de la Comisión Internacional desocuparon el inmueble que ocupaba en la zona 14 de la ciudad de Guatemala, casi en silencio y argumentando “acciones preventivas de seguridad, dentro de un plan de contingencia”, con lo que se dio por entendido que la propia comisión aceptaba la cancelación del convenio.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad hasta el momento no ha aprobado dicha cancelación y el vocero del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo en Estados Unidos que “para el secretario general, el principio que sigue respaldando es que la comisión tiene que continuar su trabajo, que el acuerdo sigue en vigor hasta septiembre de 2019″, aunque no aclaró que el trabajo lo seguirá haciendo desde el extranjero y que podría regresar a territorio guatemalteco. Sin embargo existe un documento en el cual Naciones Unidas señala que la CICIG no es un órgano de Naciones Unidas, sino que se maneja de manera independiente.
En el momento de declarar por concluido el convenio, el presidente Jimmy Morales dijo que “a pesar de los esfuerzos ante la ONU, luego de transcurridos más de 16 meses, la secretaría ha permanecido en silencio ante las acciones ilegales de la CICIG que violaron los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros”.
¿Qué sucedió realmente?
En un principio, la CICIG comenzó a combatir la impunidad, al grado de que inició 81 casos y encarceló a tres presidentes, un presidente de banco central, tres candidatos presidenciales, 19 altos funcionarios de gabinete, tres secretarios de la presidencia, cuatro jefes de SAT, un presidente del banco central, un director del Seguro Social, 25 diputados, cuatro magistrados de la Corte Suprema, tres magistrados de apelaciones, seis jueces, 12 militares, 155 empresarios, incluidos, líderes de negocios de renombre, nueve miembros de directorios bancarios, tres propietarios o representantes de emporios mediáticos, y 182 oficiales y servidores públicos.
Por ello atrajo la simpatía generalizada de todos los sectores en Guatemala. Sin embargo, con el paso del tiempo se comenzó a descubrir que en muchos casos la Comisión también actuaba para defender los intereses de Estados Unidos o de sus empresas (como el caso de la farmacéutica Baxter, ligada al expresidente estadounidense Joe Biden, en el cual la CICIG encarceló a más de 15 personas inocentes y logró que la empresa PiSa perdiera el contrato que legalmente había ganado para regresarlo a la transnacional estadounidense).
Si bien la CICIG tuvo una larga lista de éxitos, también tuvo una larga lista de violaciones a la soberanía nacional, a los derechos humanos y hasta a acuerdos internacionales. De hecho muchos de estos casos fueron expuestos en esta columna en agosto del año pasado en el reportaje seriado “Guatemala: Historia de Dominación”.
Incluso algunos de estos casos fueron señalados por el presidente guatemalteco Jimmy Morales, en la conferencia de prensa en la que dio por concluido el acuerdo con la ONU.
En síntesis, el caso de la CICIG dará mucho de qué hablar como el primer experimento para crear un modelo anticorrupción en América Latina, pues aparentemente la extraterritorialidad podría ser un modelo para combatir la impunidad, siempre y cuando no caiga en su propia corrupción para defender intereses de países tan poderosos como Estados Unidos o de sus empresas como Baxter.
Hoy, aquí en la capital guatemalteca, según un diarista local, “los sectores afines al gobierno, al Ejército, cámaras empresariales, afectados por los juicios promovidos por CICIG, están celebrando la salida, y los Congresistas Republicanos de Estados Unidos respaldan la decisión del gobierno guatemalteco, mientras los Demócratas la reprueban, al igual que algunos sectores de la política guatemalteca, mientras la población en general está cansada de los conflictos”.
Dice el filósofo del metro: La corrupción no se acaba ni por decreto, ni por extraterritorialidad.
¿Y el huachicoleo del gas LP?
Las acciones emprendidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para detener el huachicoleo han ocasionado nuevamente la polarización. Por eso las redes sociales muestran el apoyo de una parte de la sociedad al gobierno para enfrentar a un crimen organizado que mantuvo creciente su poderío en los tres últimos sexenios. Pero también difunden los mensajes de otra parte de la sociedad que está decidida a criticar cualquier acción de López Obrador, ahora envalentonada por la forma en que el desabasto de gasolina afecta a millones de mexicanos.
Pero además de este huachicoleo que representa alrededor de 60 mil millones de pesos, también existe otra mafia silenciosa, la del robo de gas LP que se lleva cada año alrededor de 13 mil millones de pesos, sin que las autoridades puedan detenerla.
La cantidad robada, según algunas asociaciones de empresarios gaseros, equivale a 20 mil barriles o 58 mil toneladas diarias y significa que al menos el ocho por ciento de la demanda nacional de este combustible (el de mayor consumo en el país) es cubierta con gas LP robado de los ductos de Petróleos Mexicanos.
En varias ocasiones he denunciado (con pruebas como fotografías) cómo empresas establecidas se llenaban desde algún agujero a los ductos de Petróleos Mexicanos.
Quizá aquí es donde vale la pena que las autoridades, tanto de la secretaría de Energía al mando de Rocío Nahle, como de Hacienda, es decir las huestes de Carlos Urzúa, y del Servicio de Administración Tributaria, a cargo de Margarita Ríos Farjat, comiencen a investigar algunas fortunas y el origen de algunas cuentas bancarias.
En este sentido habría que preguntarse si empresas como Tomza o Zeta Gas, las cuales fueron favorecidas en la última semana de gobierno de Enrique Peña Nieto con nuevas concesiones desfavorables para Pemex, no han incurrido en el robo de gas LP para surtir a sus clientes.
Por ejemplo, vale la pena investigar de dónde salió el dinero para las transacciones desde Bahamas por casi 33 millones de dólares a “Corporación Río Bravo S.A. de C.V.” e “Inmobiliaria III S.A. de C.V.”, ambas empresas filiales o ligadas Grupo Zeta. Concretamente deben investigarse las cuentas número 2990307262 de BBVA Bancomer o la número 0111057634 o la 8350085278-6 a nombre de Elsa Esther Carrillo Anchondo (la amante del dueño del consorcio gasero, Miguel Zaragoza Fuentes, de las cuales salen o entran cantidades millonarias en dólares.
¿Podrían estar ligados estos dólares al robo de gas LP? Quién sabe, pero lo que sí es un hecho es que el huachicoleo del gas también debe ser investigado, no solo en los agujeros directos a los ductos de Pemex, sino en las cuentas relacionadas con el manejo de este combustible.
Dice el filósofo del metro: si la gasolina huele mal, el gas huele peor.
Tianguis
Algo está sucediendo en los bancos, pues desde hace unas semanas cualquier cantidad grande de dinero debe retirarse por el beneficiario en la sucursal en donde se abrió la cuenta y no en cualquiera, como antes se hacía. Seguramente las instituciones financieras hacen esto con un doble propósito. Primero tratar de transparentar las operaciones que se hacen en efectivo, para que las autoridades puedan encontrar algunas fugas de impuestos. Segundo, para privilegiar las operaciones electrónicas que les ocasionan menos gastos a los bancos. El gran problema es que muchos agricultores y gente del campo acostumbraban hacer los pagos en efectivo recurriendo a cualquier sucursal de su banco, ahora tienen que viajar con el dinero en efectivo luego de hacer el retiro en su sucursal… Por cierto, BBVA Bancomer consideró que las medidas anunciadas el lunes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) para impulsar el sector financiero mexicano van en la dirección correcta y son acertadas para fomentar una mayor inclusión financiera, la profundización de los mercados y el acceso a servicios financieros en mejores condiciones. Sin embargo consideró deseable que se revise la gratuidad del mecanismo de cobro digital… La casa de bolsa y asesora financiera Evercore participó en el contrato de compraventa de dos plantas de Alpek por un monto de 801 millones de dólares a ContourGlobal. Dentro de los servicios ofrecidos a sus clientes apoyó la venta de dos plantas de cogeneración de energía eléctrica, ubicadas en Cosoleacaque y Altamira, México de Alpek, la compañía petroquímica líder en América como productor de poliéster integrado en Norteamérica y único fabricante de polipropileno en México. Esta operación, una de las más grandes en lo que va del año, contó con los servicios de Evercore en distintas áreas… Interesante que, en diciembre, el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de México mostró un incremento mensual de 2.7 puntos con cifras desestacionalizadas. A su interior, se observaron aumentos mensuales en términos desestacionalizados en los cinco componentes que lo integran… Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur y responsable del Tren Maya, propuso a OcampoCarlos Orozco González como director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Fonatur Tren Maya y a Enrique Ramírez Escobedo como Director General de la empresa de participación estatal mayoritaria Fonatur Infraestructura. Los dos funcionarios fueron ratificados y nombrados por la Secretaría de Turismo.
