Por Mouris Salloum George*
Mal comienza la semana para quien ahorcan en lunes: El estrangulamiento del Estado mexicano está siendo perpetrado desde el mismo interior de la Federación.
Si ensayáramos un cuadro clínico sobre la situación de paranoia que sacude a la República, habría que empezar por recordar que México está poblado ya por 126 millones de compatriotas.
De esa suma, el saldo que nos han dejado cuatro décadas de neoliberalismo habla del creciente número de familias desclasadas y los damnificados históricos producidos por el Darwinismo social:
Entre 70 y 90 millones de mexicanos fluctuantes entre la pobreza “moderada” y la miseria, más doce millones que han emigrado en busca de oportunidades que no encontraron en el país.
Hubo una vez una revolución electoral pacífica
En el análisis de los resultados de las votaciones generales del 1 de julio de 2018, la mayoría de los politólogos coindice en que fueron producto de una revolución electoral pacífica.
La calidad de pacífico, es el santo y seña de ese proceso en el que participaron poco más de 56 millones de votantes. Obviamente, en este dato se inscriben millones de ciudadanos pertenecientes a las categorías sociales menos favorecidas por las políticas gubernamentales.
Conviene recordar que la alianza partidista que apostó por la continuidad del modelo político y socioeconómico apenas logró 16.41 por ciento de la votación total.
Contrario sensu, 84.59 por ciento de los electores votó por el cambio en la gestión pública. El pacto partidista triunfador logró en números absolutos más de 30 millones de sufragios: 53.20 por ciento.
¿Es racional políticamente que, contra la voluntad de más de 45 millones de mexicanos que no votaron por la opción continuista, se pronuncien 18 mil burócratas federales obcecados en que se les respeten sus innobles privilegios?
Magistrados y ejecutivos de órganos autónomos, en rebeldía
No parece racional. Sin embargo, es lo que está ocurriendo. Una simple cuestión de método: Los votantes dieron mandato electoral a los nuevos poderes Ejecutivo y Legislativo. Los miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) no pasan por la sanción de las urnas populares.
Son integrantes del PJF, no obstante, los más agresivos en la cruzada contra la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Entre los casi 18 mil burócratas que han interpuesto recurso de amparo contra ese ordenamiento figuran más de dos mil magistrados, jueces, actuarios y otros oficiales que se resisten a que sus privilegios sean tocados.
Entre los burócratas sublevados aparecen también altos y medios mandos de órganos autónomos del Estado, entre ellos los de los institutos Nacional Electoral, Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica.
En el colmo de la desfachatez, entre esos solicitantes de amparo se encuentran mandos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, empresas “productivas” del Estado cuyo déficit financiero sigue siendo un pesado fardo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Quieren seguir ganando más que el Presidente
Muchos de esos agentes litigiosos quieren continuar ganando más que el Presidente de la República. No se compadecen de ocho millones jefes de familia que siguen subsistiendo con el magro salario mínimo.
Nos quedamos, pues, en que, desde el interior mismo de la Federación, se pretende dinamitar los fundamentos éticos del Estado mexicano.
Les vale a los remisos que los ciudadanos hayan votado pacíficamente por una manera diferente en la conducción de la Administración Pública Federal. No hay derecho contra el derecho de las mayorías.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
