Jorge Herrera Valenzuela
El comienzo del gobierno lopezobradorista indudablemente ha sido con el respaldo popular en todo el país. Sin embargo apenas se cumplirán quince días del sexenio y el Presidente de México tiene una cauda de problemas, muy trascendentales, que ensombrecen el panorama. La cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (aunque siguen trabajando los constructores), la protesta nacional de ministros, magistrados y jueces por la aplicación de reducción en los salarios y el problema de los centroamericanos estacionados en la frontera Norte.
De esos tres asuntos, el de mayor impacto es el originado por la legislación que se prohíbe y sanciona a los funcionarios percibir una remuneración mensual mayor a los 108 mil pesos, cantidad que se autodesignó el Presidente López Obrador, desde antes de asumir el cargo. La determinación del tabasqueño encontró eco en el Congreso de la Unión, cuyo dominio está en los morenistas que están cobrando las que les hicieron cuando eran oposición.
La guerra verbal está en pleno auge. De ambos lados saltan las declaraciones, las acusaciones e inclusive el mismo Presidente López Obrador calificó de corruptos a los integrantes del Poder Judicial Federal que se han manifestado públicamente contra la disminución de sus salarios. En la Suprema Corte de Justicia se hizo una exhortación a magistrados y jueces para que no contesten las provocaciones que se están produciendo a cada hora.
Considero, desde el punto de comentarista, que el nuevo gobierno ha entrado en una lucha entre los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, lo que no ocurrió ni en los aciagos días de los desarticulados gobiernos del Siglo XIX y menos en los tiempos posteriores a la Revolución Mexicana, sin olvidar que tanto en 1857 como en 1917 pelearon liberales contra imperialistas, así como porfiristas y revolucionarios.
En el enfrentamiento que se ha suscitado, lo grave es que hay ataques verbales descalificando a quienes consideran su derecho a defender un salario que muchos devengan desde el siglo pasado. Que no hay marcha atrás, es algo que está a la vista y eso da margen a comentar que al Presidente de la República le está haciendo falta un equipo de conciliadores, de negociadores, de personas con aptitud para equilibrar la situación en bien del país.
Está a la vista que de mantenerse ambas fuerzas en su posición, se corre el peligro de llegar a los extremos, no faltarán los que también estimen ser afectados en sus intereses personales, como funcionarios gubernamentales. La llamada austeridad republicana se aplica sin criterio alguno, en virtud de que todo se está haciendo por la disposición de un hombre, quien, además, organiza las consultas populares cuando las acciones ya se emprendieron.
Hasta ahora no he oído ni leído opiniones o comentarios de los dirigentes de las Barras, Colegios, Asociaciones, Confederaciones y Academias de Abogados. El tema no es nada más de las posiciones adoptadas por los representantes de los Poderes de la Unión, sino en torno a las mismas reformas constitucionales que en forma acelerada están aprobando los legisladores. Solamente el respetable jurista Diego Valadés Ríos, académico universitario, exprocurador del Distrito Federal y de la General de la República, nos ilustra con sus objetivos análisis jurídicos que publica en un diario capitalino. Como se dice, el doctor Valadés no tiene pelos en la lengua y su crítica es ampliamente reconocida.
PREGUNTA PARA MEDITAR:
¿Qué dirá y cómo abordará el presidente de la Suprema Corte, el próximo viernes 14, el tema del día al rendir su informe anual de las actividades del Poder Judicial de la Federación?
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