Miguel Tirado Rasso
Once días del nuevo gobierno, con un empuje y velocidad de arranque nunca antes visto, al menos que yo recuerde en las últimas 9 sucesiones presidenciales. Aunque, a decir verdad, habría que reconocer un inicio anticipado, si bien, de manera extraoficial, unos meses atrás, durante ese largo interregno en el que prácticamente, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, borró del escenario político, mediático y hasta un tanto de gobierno, al presidente en funciones, que, en aras de una transición tersa, casi le cedió los trastos a su sucesor, anticipadamente.
Un contraste enorme, por ejemplo, con lo sucedido en la sucesión del Presidente Luis Echeverría, quien el último día de su mandato todavía realizaría una gira de trabajo por el estado de Veracruz. Cuestión de estilos para ejercer el poder y el gobierno.
Polémico, sin duda, el estilo para gobernar del actual mandatario, aunque, otra vez, habría que aceptar que, lo que ahora estamos viviendo, no debería sorprendernos demasiado, pues fue anunciado con insistencia por el presidente electo durante el período de transición, como medidas consideradas en el programa de su 4ta Transformación.
Porque la conversión de Los Pinos en un centro cultural, la venta del avión presidencial, la cancelación del NAIM y la habilitación de los aeropuertos de esta capital y los del Toluca y Santa Lucía para sustituir ese proyecto, la reducción de salarios en el sector público, la desaparición de algunas secretarías de estado y de organismos como el Consejo de Promoción Turística, la cancelación de secretarios particulares, asesores y escoltas a funcionarios públicos, la desaparición del fuero, entre otras muchas más, eran promesas de campaña.
No deben sorprender, pues, tales medidas, cuyos objetivos, seguramente, deben ser la mejora y eficiencia en el quehacer de gobierno, aunque algunas no nos convenzan. Un cambio, sin duda, demandado por una población harta y decepcionada que demostró sus preferencias en las urnas, en un avasallador 53 por ciento favorable al candidato de Morena. Pero, independientemente, de estar de acuerdo o no con estas propuestas, habría que ser cuidadoso con las formas y procedimientos para asegurar el éxito en su aplicación, porque, de otra manera, o se viola la ley o se cae en el autoritarismo que a nadie conviene, cuando se vive en un estado de derecho.
Nuestro sistema político es eminentemente presidencialista, en el que el Jefe del Ejecutivo había mantenido, históricamente, un predominio sobre los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, que integran, en conjunto, el Supremo Poder de la Federación, según lo dispone nuestra Carta Magna. Poderes independientes con el mismo peso, según la ley, cada uno con tareas específicas diseñadas para lograr el difícil equilibrio del buen gobierno.
En los tiempos del priismo, como partido único o casi, la sujeción del Poder Legislativo al Ejecutivo era total. El Poder Judicial, por su parte, operaba con mayor autonomía. Tuvieron que pasar muchos años para que los partidos de oposición se fortalecieran y, poco a poco, lograran un equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso. Entonces, los poderes Ejecutivo y Legislativo funcionaron sin avasallamientos, lo que permitió efectividad a los contrapesos contemplados en la teoría política de la división de poderes. Esto, sin duda, hizo más difícil el ejercicio de gobierno del Ejecutivo, pero, en cambio, nuestro sistema democrático se enriqueció.
Habría que tener presente nuestra historia reciente, y reconocer los avances logrados en nuestro sistema democrático, pues de otra manera las transiciones pacíficas no se habrían dado y las fuerzas de oposición nunca hubieran llegado al poder. El nuevo siglo abrió con un nuevo partido en la presidencia y, en poco menos de dos décadas, tres partidos políticos diferentes (PAN, PRI y Morena) han asumido el gobierno de este país. Y, esto, no es algo menor.
El nuevo gobierno viene decidido y con prisas para imponer cambios, reformas y programas. Es su turno y su privilegio, pero hay leyes e instancias de poder necesariamente involucradas a las que hay que considerar y respetar. No se debe desconocer el imperio de las leyes ni desdeñar la función de otros poderes. Si en el Legislativo, Morena tiene las mayorías necesarias para modificar leyes, solo queda como contrapeso del Ejecutivo, el Poder Judicial.
Algo que hay que tener presente, por el bien de nuestra democracia.
