Gloria Analco
De nuevo las cosas las han vuelto a torcer el PRI y el PAN, envileciendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes se han prestado al juego sucio de intentar frenar la reducción de salarios de los servidores públicos.
Bajo el falso argumento de que buscan la autonomía del Poder Judicial, ambos partidos políticos interpusieron una acción de anticonstitucionalidad ante la Corte para detener la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que reduce los salarios excesivos.
Es elocuente, por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que las desmedidas percepciones de los funcionarios públicos de primer nivel han generado en el país graves y severas desviaciones que han sido muy perjudiciales para el funcionamiento de las instituciones públicas.
El alto monto, empezando por las percepciones salariales de los propios ministros de la Corte y del Poder Legislativo, generó un aumento en el desprestigio de la política y del propio Poder Judicial que redundó en la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, dando lugar a que la izquierda tomara el poder el pasado primero de julio, con una desbordante y copiosa votación.
El festín de dinero público que se han dado entre ellos mismos en las últimas décadas a nivel nacional -sin recato alguno- ha sobrepasado con mucho los límites permisibles, añadiendo a su sueldo, ya de por sí muy alto, compensaciones de todo tipo: despensa, transporte, gratificaciones, apoyo para gasolina, gastos médicos, y encima la asignación de bonos por fin de periodo.
Y todavía más: se establecieron percepciones para los titulares del Poder Ejecutivo a nivel nacional, estatal y municipal que integraron al ingreso neto como ayuda de despensa, de vivienda y transporte que ya les eran cubiertas por otras partidas del gasto, además de que no han pagado la totalidad de los impuestos que por ley deben cubrir ante el fisco.
Puede afirmarse que literalmente se ha tratado de un asalto en despoblado al erario público con la auto asignación de los salarios y las compensaciones por parte de los propios altos funcionarios, lo cual ha producido un gran descontento social por haberse alejado del espíritu de servicio, desacreditando la función pública.
Y ahora que el nuevo Gobierno intenta mejorar las cosas, los mismos enemigos de México salen a la palestra para evitar que los salarios de los altos funcionarios puedan colocarse en el correcto nivel del PIB per cápita de México.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los servidores públicos de nivel alto de México tienen las remuneraciones más elevadas de los países que integran ese organismo, con excepción de Colombia que ocupa el primer lugar, con un nivel de corrupción también muy elevado.
La OCDE puso como ejemplo que un funcionario mexicano en el nivel de subsecretario de estado recibe una compensación equivalente a 13 veces el PIB per cápita, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de casi seis veces, y en países como Estados Unidos es de tan sólo cuatro veces.
Cualquier argumentación para justificar tan elevados salarios no cabe en el caso de México, donde la corrupción gubernamental, legislativa y judicial se fue a las nubes en los últimos años, y nada parecía compensar la necesidad de dinero de la clase política y judicial del país, ni los elevadísimos sueldos.
