Jorge Herrera Valenzuela
El grito unánime de millones de mexicanos, se hizo bandera de campaña política: acabar con la corrupción y la impunidad. Nadie está en contra de ello y que de verdad se aplique, sin caer en los extremos para que sus efectos sean positivos. Se aprobó la reforma constitucional requerida y se abre el camino para crear la figura jurídica del delegado presidencial en cada una de las 32 entidades que conforman la República Mexicana, oficialmente llamada Estados Unidos Mexicanos.
Los 32 nuevos “personajes” tendrán a su disposición todos los presupuestos federales que corresponden a cada uno de los Estados y a la Ciudad de México. Los programas materiales y sociales estarán bajo su vigilancia y constitucionalmente se les da autoridad para dirigir los programas de seguridad estatal. El Presidente de la República acordará directa y personalmente, conociendo con detalle en qué se gastó el dinero del pueblo.
Desde el punto de vista de los legisladores, los que serán miembros del gabinete presidencial y de la dirigente de Morena, el plan es acabar con la corrupción entre los funcionarios federales y los gobernadores. A partir del sábado 1 de diciembre dejan de existir las delegaciones federales. Únicamente operará una persona “de toda la confianza del señor presidente”, sin importar que ese “superdelegado” tenga antecedentes de corrupto como es el caso de Carlos Lomelí Bolaños, en Jalisco.
(El licenciado en Ciencias de la Salud Lomelí Bolaños es ampliamente conocido en Guadalajara, donde nació en 1959. Es proveedor de medicina en el IMSS jalisciense, propietario de casas, departamentos, automóviles de lujo, un departamento en Texas y Carlos ha declarado tener un patrimonio de 200 millones de pesos. Desde principio de este siglo, el futuro “superdelegado” de AMLO, está bajo investigación por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América; se le responsabiliza de lavado de dinero y lo asocian con Raúl Flores Hernández, “El Tío”, éste relacionado con el narcotráfico).
Bueno, aunque más adelante partidos políticos y gobernadores recurran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar la inconstitucionalidad de la medida, AMLO ya dio a conocer los nombres de los 32 “superdelegados”, entre quienes figuran candidatos derrotados a gobernador, como es el caso del mencionado Lomelí Bolaños y de la profesora Delfina Gómez, del Estado de México. El poder otorgado a cada uno de esos funcionarios, margina, de hecho y de derecho, a los gobernadores, salvo a los de Morena.
Una pregunta lógica: ¿Qué suerte correrán todos los empleados, sindicalizados y de confianza, de las delegaciones federales? Seguramente los hombres y las mujeres de confianza de López Obrador, contratarán a su equipo de trabajo, personas que no tengan antecedentes de corruptas. Otro punto de cometario, está relacionado con la preparación y la capacidad que deben tener los “superdelegados”, pues deberán atender problemas en materia agraria, en asuntos financieros, en obras de carácter técnico, de asistencia médica, etc…
Durante los últimos días se ha dicho que la creación de este nuevo cargo en la administración pública federal, es violatoria al Pacto Federal y para ello se sugiere leer el artículo 40 constitucional. Estamos frente a la posibilidad de que, a partir del próximo sábado, al comenzar el sexenio, ya no será presumible aquello de “Estado Libre y Soberano de….” y en cada entidad habrá un “segundo gobernador”, el cual gozará de una fuerza política que no tiene antecedentes. Por supuesto, los morenistas y sus simpatizantes seguirán afirmando que “así se acabará la corrupción” en los gobiernos estatales y de la Capital del País.
PREGUNTA PARA MEDITAR:
¿Los ministros de la Suprema Cortes, si son requeridos por los dirigentes de partidos políticos y gobernadores estatales para analizar si es inconstitucionalidad la función de “los superdelegados”, procederán con total autonomía?
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