CIUDAD DE MÉXICO, 16 de noviembre (AlMomentoMX).— La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la decisión de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) de determinar como inconstitucional a la Ley de Seguridad Interior.
“La decisión de la Corte confirma el papel clave del Poder Judicial como un ente independiente capaz de garantizar los derechos humanos”, afirmó Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH. “La resolución envía un poderoso mensaje en contra de la militarización de la política de seguridad”, agregó.
Resaltó que el despliegue de las Fuerzas Armadas que ha tenido lugar durante la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad. “En cambio, las personas en México han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas”, apuntó.
Este jueves, diez de los once ministros de la SCJN se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, esto significa que la Ley ha sido invalidada en su totalidad.
Los ministros consideraron que el Congreso no tiene la competencia para legislar en materia de seguridad interior; así como que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Señalaron que la Ley de Seguridad Interior empleaba indebidamente los conceptos de seguridad nacional, pública e interior; además de que infringía las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y que no proveía certidumbre. Además, algunos ministros sostuvieron que la Ley fue aprobada sin llevar a cabo un proceso legislativo adecuado y que no fue consultada con los pueblos indígenas.
La ONU-DH reconoció a los diversos actores que se opusieron a la adopción de la Ley, entre los cuales están la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los Procedimientos Especiales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de la sociedad civil.
“La decisión de la Corte debería brindar el ímpetu necesario para que las autoridades civiles sean adecuadamente entrenadas y fortalecidas, tanto para asumir plenamente sus obligaciones en materia de seguridad pública, como para cumplirlas en coherencia con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”, apuntó Jan Jarab.
Tomando en consideración que la Suprema Corte dictaminó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no debe ser permanente, el Estado debería adoptar un plan que garantice su retiro gradual, ordenado y verificable de las funciones que no les son propias.
“Hasta que este retiro sea completo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles y ser llevada a cabo en todo momento con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes”, puntualizó el representante de la ONU-DH.
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