Por Mouris Salloum George*
De un clásico del Derecho es esta máxima: La necesidad no tiene ley. El discrecional precepto es de naturaleza humanista.
Será por eso que, todavía hace unos cuantos sexenios, en México coincidían los poderes Ejecutivo y Legislativo en que -en la formación de leyes- no se pueden dictar ordenamientos iguales, para una sociedad de desiguales. Lo suscribimos.
Esa consideración la retomamos en las horas del Estado neoliberal “mexicano”. El primer punto es que, en las reformas constitucionales de los últimos sexenios –estructurales o transformadoras, lo mismo da- se han desvanecido los fines de Los Derechos Sociales del Pueblo Mexicano, según título de compendios editados en su oportunidad por la Cámara de Diputados federal.
El segundo punto es más espeluznante: Por odiosas desviaciones de la vieja cultura judicial se impuso que, con independencia de lo que digan los textos constitucionales y de las leyes que de ellos emanan, la justicia en México, si no es necesariamente ciega, si es tuerta y cara. Si es cara, es que hay alguien que puede comprarla.
La otra cuestión figura también en los anales del poder político “a la mexicana”: Justicia que no es pronta y expedita, no es justicia.
“Buena” justicia para los “buenos postores”
De lo anterior sigue que los pobres, sólo por ser pobres, deben permanecer refundidos en las cárceles sin recibir sentencia condenatoria.
Contrario sensu, un rico, sólo por ser rico, goza de libertad, aunque existan pruebas contundentes aportadas por la autoridad ministerial de su potencial culpabilidad. Ahora mismo, sobran expedientes judiciales que acreditan esas sospechas.
El tema de la legalidad ha sido puesto en cartelera en estas horas en México, como condicionamiento del trato a los peregrinos de la caravana de migrantes que partió hace unos días de Honduras y a lo largo del itinerario ya suma más de ocho mil personas, según reportes escuchados esta mañana en barras noticiosas de medios electrónicos metropolitanos.
Para Trump, todo forastero es un “hombre malo”
Eso de la legalidad tiene que ver con documentos de tránsito de esos migrantes por territorio mexicano o, en su caso, solicitudes de refugio en México de aquellos que vienen huyendo de la violencia política en sus países o, lo que es más dramático, de la miseria socioeconómica.
El asunto preocupa, porque el loco oráculo de la Casa Blanca, Donald Trump, convertido por sus pistolas en acusador, fiscal y juez de sentencia, ha dictado su implacable veredicto: Son puros delincuentes.
Preciso es detenerse en este tramo: Desde su campaña presidencial y en lo que va de su periodo en la Casa Blanca, el magnate republicano la tomó contra los transterrados mexicanos que laboran en los Estados Unidos, a quienes ha acusado por sistema de criminales: Asesinos, narcotraficantes, violadores, son entre otras las imputaciones más recurrentes. “Malos hombres”, pues.
En su tímida defensa, el gobierno mexicano ha hablado quedito. Es absolutamente posible que el desquiciado Presidente carezca de pruebas concretas para sostener las tipificaciones descritas. Lo que puede resultar irrebatible es la situación ilegal del paso y la estancia de nuestros compatriotas en aquel país.
Las verdaderas fuentes de la ilegalidad
¿Cuál es el origen de esa ilegalidad? La primera, que muchos de esos mexicanos desempeñan tareas, que ni los negros quieren hacer, según llegó a decir Vicente Fox. La segunda: Son los propios empleadores gringos los que contratan y pagan a polleros para enganchar y cruzar a esos mexicanos para actividades estacionales.
La tercera, que podía ser la primera, es que aquellos empleadores abusan de la mano de obra barata. Si no aceptan esta condición, los propios patrones acuden a la migra para delatarlos y que se “haga cargo” de ellos. Se trata, dicho en términos llanos, de un rentable chantaje.
A la vista de los desgarradores ríos humanos que confluyen en los estados fronterizos del sur mexicano, hasta Enrique Peña Nieto está invocando la “legalidad”. Y aquí caemos en la sospecha de discriminación.
Entre migrantes iguales, unos son “más iguales” que otros
No se necesita ser empleado del Servicio de Migración mexicano para saber que, desde hace años, migrantes asiáticos ilegales, que pagan moches hasta de 10 mil dólares por persona, son escoltados por gubernamentales, desde algún punto del Pacífico Sur, hasta la frontera con los Estados Unidos.
Peor aún: Es del dominio público que, en meses recientes, con papeles expedidos por oficinas consulares del Servicio Exterior mexicano y por la frontera misma con los Estados Unidos ingresan a México raros especímenes procedentes de determinados países de Medio Oriente.
Con un poco de agudeza, se podría saber que no pocos de esos inmigrantes, tan bien recibidos en México, son terroristas en desuso, desechados por unas y recontratados por otras de las tiranías monárquicas de aquella región, ¿para hacer qué en México? ¿Seguimos hablando de “legalidad”?
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
