PARÍS, 19 de octubre (AlMomentoMX).— La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a México que preste atención a las informaciones de la prensa sobre presuntos casos de corrupción trasnacional que implican a empresas e individuos de su país.
En su informe de supervisión sobre cómo se aplica su Convención contra la Corrupción Transnacional de Funcionarios Extranjeros, la OCDE recomienda que México adopte “urgentemente” medidas para tener en cuenta lo que revelan los medios de comunicación internacional.
En concreto, la organización sugirió que las embajadas deberían ocuparse de hacer ese tipo de búsquedas y traducir las informaciones de los medios extranjeros cuando contienen alegaciones de que empresas mexicanas han corrompido a individuos.
Esta propuesta parte de la constatación de que en México sólo se están investigando actualmente cuatro casos, y todos ellos fueron señalados por el grupo de trabajo contra la corrupción de la OCDE porque los vio publicados en la prensa.
Para la OCDE, México tiene que dar “más prioridad” a la lucha contra la corrupción transnacional. De hecho, consideró que la situación de la lucha contra la corrupción transnacional en México genera “serias preocupaciones”, sobre todo teniendo en cuenta que en los 19 años que la convención para combatir ese fenómeno lleva en vigor no se ha instruido un solo caso.
México no es el único país que no ha instruido ningún caso en el marco de ese convenio, ya que eso mismo ocurre en 22 de los 41 países que lo han ratificado. Pero sí es el país de la organización en el que hay una mayor percepción de corrupción, según el índice que elabora Transparencia Internacional, que la OCDE reproduce en su estudio.
Sus autores reconocen que se han llevado a cabo una serie de reformas que han conducido a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y reconocen que una vez enteramente desplegadas “podrían reforzar” la aplicación efectiva de su convención.
Formulan una lista de recomendaciones para la puesta en marcha urgente de esas reformas, que incluyen la designación de un fiscal especial anticorrupción, el nombramiento de jueces en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Fiscal General, y aplicar el nuevo protocolo anticorrupción.
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