Por: Mario Ruiz Redondo
Descalzos, desnutridos, con las caras sucias porque no tienen agua suficiente para asearse, se mantienen en guardia permanente junto con sus padres, apostados en torno del Palacio de la Gubernatura estatal, en demanda de justicia, al ser parte de los miles de indígenas desplazados por cuestiones políticas, religiosas o de disputa de tierras en Chiapas.
Pertenecen a los ancestrales grupos étnicos tzeltales y tzotziles, pertenecientes a los municipios de Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo, que desde el 2 de octubre acampan cobijados por improvisadas “tiendas de campaña”, a base de plásticos, atados a frágiles maderos.
No es la primera vez que se plantan frente al poder estatal, pues lo hicieron durante los meses de marzo, abril y mayo, hasta que “los de arriba se cansaron”, y los recibieron para firmar compromisos “minutas”, que no se cumplieron y por lo mismo han vuelto con la convicción de que ahí se mantendrán hasta que “ahora sí nos hagan caso y cumplan su promesa los del gobierno”.
Sus rostros denotan su convicción de mantenerse ahí hasta las últimas consecuencias y sus justas exigencias sean atendidas en su totalidad. No temen a la violencia que pudiera generarse en caso de que se ordene su desalojo. Advierten que no lo van a permitir, porque ya están cansados de promesas que se guardan en el archivo del olvido.
Son poco más de 500, la mayoría no habla español, entre hombres, mujeres y niños, algunos recién nacidos, provenientes de la fría Región de Los Altos de Chiapas, que por lo mismo sufre en extremo el severo calor del mediodía, que las fuertes lluvias de las tardes o el fresco de la madrugada, prácticamente a la intemperie.
Fiel retrato de la injusticia e impunidad que prevalecen en las comunidades indígenas, cometidas por los grupos de poder caciquil, a la sombra del poder central.
Imágenes que se proyectan al mundo desde Tuxtla Gutiérrez, de una realidad que a los gobernantes responsables desagrada, pero que tampoco atienden, en la ciudad capital maltrecha por malos gobiernos municipales y que ahora enfrenta con preocupación el nuevo alcalde del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carlos Morales Vázquez, porque su gestión iniciada apenas el 1 de octubre, en encuentra en la más absoluta bancarrota.
Ahí están las mujeres con su típica ropa multicolor de lana, que en medio de su desgracia lucen con orgullo, mientras elaboran prendas que identifican su origen, para ofrecerlas en venta quienes interesados en su compra se acercan a ellas, quienes ven la oportunidad de un ingreso para comprar alimentos para sus familias.
Visita del columnista al campamento, por la tarde de martes 16 de octubre, para escuchar las historias coincidentes de quienes han dejado atrás sus parcelas sembradas de maíz, frijol y algunos con cafetales.
El grupo más numeroso dentro de este conglomerado humano que acordona la parte frontal y lateral derecha, de la sede del Poder Ejecutivo chiapaneco, es el del ejido Puebla, perteneciente al conflictivo municipio de Chenalhó, integrado por 249 personas.
Relato de los indígenas zotziles, que ubican su tragedia a partir del 26 de mayo de 2016, en que grupos integrado por poco más de 40 paramilitares armados, enviados por la alcaldesa con licencia Rosa Pérez Pérez, los desalojaron, con saldo del fallecimiento de Guadalupe Cruz Hernández, víctima de varios balazos.
“Lupe”, como lo conocían en el ejido, sería agredido en el interior de su modesta vivienda, luego de que al negarse a abrir la puerta, ésta fue derribada a golpes de mazo por los violentos gatilleros de la ex edil, quienes delante de su esposa e hijos lo asesinaron. La ahora viuda, María López Santíz, recibiría un impacto de bala en su pierna derecha, que hoy la mantiene en calidad de discapacitada.
Y todo, porque un grupo representativo de este segmento de la población del ejido tres mil 500 habitantes, había asistido esa mañana en la cabecera municipal, a la toma de posesión de Miguel Santíz Alvarez, como alcalde sustituto de Rosa Pérez Pérez, quien solicitaría licencia al Congreso, ante el rechazo de sus gobernados.
Cuando regresaban de Chenalhó al ejido Puebla, fueron perseguidos desde la entrada, por individuos que portaban armas largas y cortas, que empezaron a dispararlas como muestra de amedrentamiento a los simpatizantes del nuevo edil.
Sería como a las dos de la tarde cuando empezamos a vivir un infierno, recuerda Juan López, uno de los afectados. “Como pudimos, nos fuimos al monte, mientras nuestras casas eran quemadas, no sin antes robar lo que de valor habíamos dejado al salir corriendo por temor a ser asesinados. Después nos enteraríamos que también prendido lumbre a algunos vehículos que se dejaron”.
Recuerda que al frente de los agresores iba Abraham Cruz Gómez, tesorero en la breve administración inicial de nueve meses de Rosa Pérez Pérez, quien retornaría tiempo después, por orden de la máxima autoridad electoral federal el país, a ocupar el cargo.
Consideran que no obstante el haber incurrido en acciones delictivas, a partir del 1 de octubre, sería impuesto por Rosa, como alcalde de Chenalhó.
En los actos vandálicos del 26 de mayo de 2016, Cruz Gómez, también participarían su padre del mismo nombre, así como autoridades del ejido Puebla, entre ellos Diego López Guzmán, agente rural municipal; el comisariado Manuel Méndez Gutiérrez; el ex agente municipal Juan Arias López; junto con los ex comisariados Juan Gutiérrez Arias, Antonio Hernández Gómez y Agustín Cruz Gómex. Todos incondicionales de Pérez Pérez.
Los 249 desplazados de sus casas y parcelas, se dirigirían entonces a la cabecera municipal, donde recibirían la ayuda y protección del alcalde Miguel Santíz Alvarez. Para llegar a este lugar seguro para todos, hubieron de caminar más de cuatro horas, en medio de la zozobra ante la posibilidad que el grupo armado les diera alcance.
Desde entonces pidieron ayuda a la autoridad estatal, para que les fueran devueltos sus patrimonios, lo cual no lograrían, en tanto se mantenían rentando cuartos y trabajando de lo que fuera, para sobrevivir.
Al amparo de Santíz Alvarez, estarían nueve meses, quien entregaría de nuevo la alcaldía a Rosa Pérez Pérez, quien acuerpada por el grupo de paramilitares bajo su mando, irrumpir la madrugada del 22 de febrero de 2017, en medio de un escándalo provocado por los disparos de las armas largas, como señal de su retorno al poder local.
Como a las tres y media de la mañana, en plena oscuridad, nuevamente los desplazados del ejido Puebla, tomarían sus pocas pertenencias para salir huyendo de sus casas, mientras que en el parque del pueblo uno de los colaboradores del edil saliente, el maestro de música Orlando Vázquez Pérez, caía muerto, víctima de varios balazos, mientras observaba la llegada al edificio de la alcaldía, de Rosa Pérez Pérez y su equipo de seguridad, mientras en el templo católico se dejaban escuchar las campanas.
Los agentes e las policías estatal y municipal, se abstuvieron de intervenir para poner un alto a la violencia generada por los pistoleros de la alcaldesa, que portaban armas de grueso calibre, entre ellas las conocidas como “cuernos de chivo”, las que dispararon en forma de ráfagas.
Las gentes del ejido Puebla, se dirigirían a San Cristóbal de las Casas, distante una hora en carro, donde se asentaron improvisadamente en la periferia, en un albergue dispuesto para darles refugio.
Nuevamente sus inconformidades y demandas de justicia no serían atendidas por las autoridades estatales. Luego de permanecer un año hacinados, decidieron por mayoría, encaminar sus pasos para que su voz se oyera, a la capital Tuxtla Gutiérrez en marzo de 2018, donde se plantaron frente al Palacio de Gobierno, en una estancia que se prolongó hasta mayo.
Se levantaría la manifestación de protesta, luego de que la administración estatal se comprometiera a apoyar el regreso de los pobladores desplazados, al ejido Puebla, no sin antes negociar con los enemigos naturales que se han formado, para que la armonía fuera antepuesta con su arribo.
Asimismo, el otorgamiento de servicios educativos para los niños, de salud y entrega de viviendas nuevas, que sustituyeran a sus antiguas casas que para entonces no existían. Apoyos para recuperar sus parcelas, al igual que una indemnización por la pérdida de sus cultivos agrícolas.
Ante el incumplimiento total de las “minutas” comprometidas por el gobierno del estado, los indígenas desplazados, determinaron volver a la plaza principal de la capital chiapaneca, a la que se conoce como “la borracha”, porque siempre está tomada.
Esta vez, a partir del 2 de octubre se ubicarían nuevamente en el entorno del palacio de gobierno estatal, con la absoluta intención de no abandonar el lugar, hasta que la administración de Manuel Velasco Coello, entienda sus necesidades urgentes de volver a su lugar de origen, para evitar también que sus niños dejen de asistir a la escuela.
Saben que al gobierno estatal le quedan solamente seis semanas para concluir el sexenio y también que se carece de los recursos económicos obligados para apoyar su retorno.
Pero ello no les preocupa, pues esperan que Rutilio Escandón cadenas, les haga justicia a partir del 8 de diciembre en que asumirá el mando del gobierno de la entidad.
Su desplazamiento de Tuxtla Gutiérrez al ejido Puebla, no será fácil, ya que se requiere de presupuesto para rehabilitar sus parcelas, ahora abandonadas por su ausencia obligada, lo mismo que la construcción y remodelación de propiedades que fueron afectadas por la violencia para militar.
Pero sobre todo, el que se les conceda la seguridad de que no volverán a ser atacados por sus rivales políticos.
La fiesta en paz, parece por lo pronto muy distante, pero entre los 249 desplazados del ejido Puebla.
Difícilmente el gobierno saliente podrá hacer algo por ellos y
su presencia será una de las tantas herencias que Rutilio Escandón tendrá que resolver, para evitar que se reactiven los movimientos sociales que tienen su origen en las diferencias políticas, como es el caso.
Mientras tanto, Rosa Pérez Pérez ya no es alcaldesa, aunque su grupo paramilitar siga activo, sin que nada ni nadie los someta al orden. Tan campante, con dos muertos en su conciencia por su irresponsabilidad derivada de la ambición de poder.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.
