CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio (AlmomentoMX).- A cuatro años del Caso Iguala, el exalcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda podrían salir de prisión gracias a la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas el 4 de junio.
Son acusados por la PGR de ordenar la detención de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, el fallo señala que las declaraciones de cuatro de los implicados, integrantes de “Guerreros Unidos“, se obtuvieron a base de torturas; uno de ellos ya obtuvo su libertad.
Dichas declaraciones dieron origen a la llamada “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam.
La resolución comprende la orden de reponer el proceso y crear la Comisión de la Verdad y la Justicia. Además, faculta a los familiares de las víctimas y a la CNDH para intervenir en la investigación.
En respuesta, el gobierno federal logró que un magistrado declarara improcedente el fallo. Ahora, el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los cuatro detenidos que implicaron al matrimonio Pineda-Abarca son: Marco Antonio Ríos Berber, alias “El Cuasi” o “La Pompi”; Martín Alejandro Macedo Barrera, “El Becerro”; el policía municipal Honorio Antúnez Osorio, “El Patachín”, y Luis Alberto José Gaspar, “El Tongo”.
Según Murillo Karam los cuatro detenidos declararon que Abarca ordenó el ataque contra los estudiantes. Buscaba impedir que sabotearan el informe de actividades que rendía su esposa como presidenta de DIF.
A José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda los detuvieron en noviembre de 2014, en la CDMX.
La verdad histórica
En enero de 2015, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, señaló en conferencia de prensa que los 43 estaban muertos. Afirmó que la noche del 26 de septiembre de 2014, la policía de Iguala los detuvo y los entregó a un grupo de sicarios. Los mataron y los incineraron en el basurero de Cocula. A esa versión la llamó la “verdad histórica”.
De “verdad histórica” a “mentira histórica”
De acuerdo al abogado de la pareja, Luis Argüelles, los delincuentes declararon que Abarca aportaba recursos a “Guerreros Unidos”. Por ello, en el momento en que el Tribunal resolvió que los detenidos habían sido torturados, la acusación contra los Abarca quedaría desestimada.
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