CIUDAD DE MÉXICO, 12 de septiembre (AlmomentoMX).- La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y al presidente municipal de Ciudad de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, que restablezcan el orden y cesen los homicidios, feminicidios y desaficiones forzadas en la localidad.
La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena afirmó que a lo largo de este año la violencia se ha incrementado en ese estado y el pueblo ha perdido la poca tranquilidad que tenía. “Chihuahua –advirtió desde la tribuna del Senado de la República– está en llamas”.
En la iniciativa, se señala que en lo que va de 2018, en Ciudad Juárez han ocurrido por lo menos 800 homicidios violentos, que “según la Secretaría de Seguridad Pública se trata de un ajuste de cuentas entre los integrantes del crimen organizado.
Dijo que el presidente electo en el municipio de Gómez Farías, del partido Morena, Blas Juan Godínez, sufrió un atentado en el que recibió un balazo en la cabeza y “por si esto fuera poco”, el candidato de ese instituto político a la presidencia del seccional de Anáhuac fue asesinado a balazos, mientras la policía estatal era emboscada en la sierra.
“A diario docenas de jóvenes, mujeres y niños desaparecen. El estado más grande de esta nación se queda chico en materia de seguridad. No podemos negar que Chihuahua vive una crisis de inseguridad que atenta contra la tranquilidad de su pueblo”, afirmó.
Los 179 homicidios que se cometieron, durante el mes de junio, en Ciudad Juárez superaron a los acumulados en los tres primeros meses de este año. En el primer trimestre de 2018 los homicidios sumaron 172, pero se multiplicaron en el segundo trimestre, que acumuló 368 de abril a junio, ejemplificó.
La senadora pidió sueldos dignos para la policía municipal, estatal, ministerios públicos y peritos adscritos a la fiscalía del estado, que se les dote de herramientas de protección para que puedan hacer frente al crimen organizado y se aclaren los crímenes en contra de los militantes de Morena y de todas las personas que han sido privadas de la liberta en el contexto de los hechos violentos.
La propuesta se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictamen correspondiente.
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