Por Mouris Salloum George*
“Justo” es un decir, cuando se trata del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que algunos consejeros se resisten a aceptar medidas de autoridad, ahí donde se dispone de casi 18 mil millones de pesos en 2018 y cada árbitro se embuchaca entre ocho y diez mil pesos al día.
Lo que tenemos a la vista prefigura una acción de privatización de la función electoral, que la Constitución reserva al Estado.
Nos son detractores oficiosos los que nos pintan el cuadro: Es el propio Órgano Interno de Control (OIC) del INE el que, en su reporte de auditoría correspondiente al primer semestre del año, pone en cartelera pública una serie de irregularidades, entre las que se incluye el gasto en promoción de imagen de la institución.
No estorba recordar que el INE tiene una Unidad Técnica de Fiscalización de los gastos ordinarios y en campaña de los partidos políticos. Ya lo dice la conseja, en casa de herrero, azadón de palo.
De entrada, el OIC apunta que el INE tiene en sus estructuras administrativas instancias y personal propios para la realización de diversas tareas que, sin embargo, se transfieren mañosamente a empresas privadas mediante licitación o asignación directa de contratos de servicios.
No se revela, por lo pronto, el monto de los recursos que abarcan esas irregularidades contractuales contablemente documentadas, pero se observa que en programas específicos hay remanentes que no se rembolsan, de acuerdo con la norma fiscal, a la Tesorería de la Federación. ¿Hasta aquí alcanza la autonomía de ese órgano de Estado?
Toda una “ingeniería administrativa” para taparle el ojo al macho
Cuentas bancarias activas con saldos disponibles y apertura de otras; segmentación de contratos para asignarlos por partes a una misma empresa, contratación a terceros de asesorías para capacitación, no obstante que el INE tiene su propia área específica permanente.
Estudios de imagen, seguimientos de redes sociales, etcétera, todo entra en el paquete con tal de repartir dinero de los contribuyentes a manos llenas.
Después del 1 de julio, se ha blasonado que el proceso de elecciones generales de 2018 casi rechinó de limpio. El “casi” se diluye cuando en el propio instituto dispensador de contratos se detectan manos muy desaseadas.
De todas formas, desde lo alto pinolero, se alardea que los mexicanos tienen ya a su servicio un Sistema Nacional Anticorrupción y un Sistema Nacional de Transparencia que seguramente contribuirán a cerrar espacios a la discrecionalidad. No, pues, sí.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
