MIGUEL ÁNGEL FERRERElba Esther Gordillo no cayó en prisión por ladrona o por corrupta o por su enriquecimiento inexplicable y a todas luces ilegal, ilegítimo, inmoral, mal habido, criminal. Fue a la cárcel como castigo por su indisciplina política al haberse opuesto a la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Y esa negativa la convirtió en la principal presa política del peñismo.
Pero bien se sabía que su castigo no podría ir más allá del sexenio peñista. Y tal como ordenaba la tradición del preso político en México fue puesta en libertad poco antes del fin del sexenio de su vengativo encarcelador. De modo que tanto su encarcelamiento como su liberación son de la absoluta responsabilidad de Enrique Peña Nieto.
Por ello, mírese como se mire, la puesta en libertad de la Gordillo constituye una severa y sonora derrota para los propósitos privatizadores de la educación pública. Y también para los principales promotores de esa privatización, es decir, los grandes capitalistas que impusieron ese proyecto en la agenda política de Peña Nieto.
La tal reforma educativa era la reforma de reformas del neoliberalismo instalado en Los Pinos. Ideológica, política y económicamente, era más importante que las reformas energética, fiscal o de telecomunicaciones. Implicaba apoderarse plenamente de la conciencia de los niños y jóvenes mexicanos. Y con ello de la conciencia de todo un pueblo.
Pero la liberación de la Gordillo no pasaría de ser un hecho anecdótico si no se hubiera dado en el contexto del triunfo electoral de la candidatura popular de López Obrador. Porque esta victoria significa el abandono de las privatizaciones en general y de la educativa en particular. Y más aún: representará, como ya se está viendo, un enorme impulso a la educación pública.
Este empuje a la educación pública implicará necesariamente la mejoría salarial de los maestros. Y su capacitación y adiestramiento en la aplicación de las nuevas tecnologías digitales al proceso de enseñanza aprendizaje. Y también, desde luego, el fin de la campaña mediática de satanización, desprestigio y ninguneo de la educación pública, de los profesores y del normalismo mexicano, campaña malévola trabajada con esmero por los grandes capitalistas y por los gobiernos neoliberales en los últimos treinta años.
La Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, como las tres grandes transformaciones de México en los últimos 200 años, no pueden entenderse sin el concurso de la educación pública, es decir, de la educación universalizada, gratuita y laica.
El gobierno de López Obrador, que se ha propuesto impulsar y conducir la cuarta transformación de México, tiene la necesidad histórica de fomentar, ampliar y vigorizar la educación pública. No sólo la convicción, sino la necesidad histórica de hacerlo.
Para el logro de este supremo y loable propósito, López Obrador contará sin duda con el apoyo de los maestros y de sus organizaciones sindicales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en primera línea. Y también con el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), antigua organización charra, cuyos líderes sabrán sumarse a la corriente popular, so pena de su derrocamiento por sus propias bases. Y también, por supuesto, con el de las universidades públicas y sus sindicatos, cuya existencia estaba gravemente amenazada por la ola privatizadora.
