Miguel Ángel Ferrer
La noticia es una bomba, pero no resulta sorprendente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación recortará sus gastos y se sumará al programa de austeridad propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Dicho en otras palabras, los miembros de la Corte han aceptado reducir sus escandalosos e inmorales ingresos: sueldos, viáticos, compensaciones, bonos de desempeño, igualas, premios.
Y también han aceptado reducir sus gastos en vehículos de lujo, choferes, sirvientes, asistentes, asesores, secretarios y secretarias, pasajes aéreos en primera clase, vacaciones de lujo y dispendio pagadas con dinero público y un largo catálogo de otras formas de ingresos excesivos, descomunales, exorbitantes.
¿Se trata acaso de un repentino e inexplicable rapto de arrepentimiento? ¿De un súbito reconocimiento de las faltas cometidas por largos años y su consecuente propósito de enmienda? ¿O será que simplemente han entendido que con López Obrador llegó a su fin el permiso para robar?
Este es el punto central: ya no habrá permiso para robar, para corromper y corromperse, para violar y burlar la ley, para el enriquecimiento inexplicable, para la compra y venta de fallos judiciales, para la transa. Se trata finalmente de un cambio de época, de una revolución ética: se terminó el permiso para robar.
De aquí en adelante el que quiera robar lo hará sin permiso y bajo su propio riesgo. Estos ladrones ya no podrán escudarse en el clásico “Si roba el presidente, ¿por qué yo no he de robar? Si el presidente es un corrupto, ¿por qué yo no he de serlo también? Si el presidente goza de impunidad, ¿por qué yo no he de tener ese mismo privilegio?
Nadie sensatamente puede pensar o decir que a partir del 1 de diciembre de 2018 se acabarán la corrupción, el latrocinio, los moches, las mordidas, el cohecho, el ingreso subrepticio, los arreglos bajo la mesa. Lo que se terminará es nada más, pero nada menos que el permiso presidencial (tácito, expreso o descarado) para robar.
Y lo dicho para los miembros del mayor tribunal cabe para los parásitos que medran desaforadamente en el Instituto Nacional Electoral, el corruptísimo INE. Y también para los secretarios de Estado federales y para los gobernadores en esta nueva época. Y consecuentemente para los funcionarios federales, estatales y municipales.
El permiso para robar también ha terminado para jefes y funcionarios de los organismos descentralizados y las empresas públicas, como son los casos emblemáticos de PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Con el triunfo de López Obrador se terminará de tajo el principal motor de la corrupción, es decir, el permiso presidencial, el permiso superior para robar. Y para asesinar, secuestrar, violar. Soldados, marinos, gobernadores, policías, agentes del Ministerio Público ya no contarán con permiso superior para sus tropelías. Y no habrá permiso superior ni impunidad garantizada para nuevos Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, San Salvador Atenco.
El tímido reconocimiento hecho por la Corte de sus inmorales excesos y su declarado propósito de enmienda es la primera señal de la nueva época que México empezará a vivir en el futuro inmediato. Y todo, simplemente, porque con López Obrador ha llegado a su fin la patente de corso llamada permiso para robar.
