Pablo Cabañas DíazDesde diciembre de 2014, el clima de corrupción y errores de comunicación del gobierno de Enrique Peña Nieto habrían de marcar al resto de su gobierno. Habían fracasado las expectativas generadas hacía apenas dos años antes en el Pacto por México su proyecto cumbre de reformas lanzado al día siguiente de su toma de posesión, que la prensa internacional llamó “el momento de México”, lo cierto es que toda idea de porvenir y éxito se empezaba a esfumar.
La desaparición y muerte el 26 de septiembre del 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, conmocionó a la sociedad mexicana como hacía décadas que no ocurría, situando la complicidad del poder político, federal, estatal y municipal, con la violencia del crimen organizado ,la corrupción y la impunidad de las instituciones y sus representantes.
Al cóctel de frustración y cólera de la opinión pública se sumó después la tardía e insuficiente respuesta del gobierno federal y, aún peor, el descubrimiento de que la esposa del presidente compró la llamada Casa Blanca a una constructora beneficiada con la adjudicación del futuro tren de alta velocidad México-Querétaro, posteriormente cancelada. La tragedia de Iguala pasó a convertirse en crisis nacional —la más grave desde el tequilazo de mediados de los años noventa,— en un contexto de estancamiento económico y promesas incumplidas.
En un hecho insólito para un presidente mexicano el 19 de julio de 2016, Peña Nieto se disculpó de forma pública por el escándalo de la Casa Blanca. En el evento donde promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción , dijo haber sentido “en carne propia la irritación de los mexicanos”. “La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón” estas palabra fueron expresadas ante miembros del Congreso, gobernadores, organizaciones ciudadanas y parte del gabinete.
Ese día el presidente reconoció que el reportaje difundido por la periodista Carmen Aristegui en 2014 causó “gran indignación”. La investigación reveló que el mandatario y su esposa, la actriz Angélica Rivera, tenía una casa en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. La casa fue construida y vendida por una de las empresas de Juan Armando Hinojosa, que favoreció con más de 80 contratos. La revelación obligó al Gobierno a abrir una investigación a modo por un presunto conflicto de interés. La Secretaría de la Función Pública (SFP), como era obvio , no encontró delito alguno tras meses de pesquisas.
Peña Nieto reconoció haber cometido un “error”. Expresó que los funcionarios públicos son también “responsables de la percepción que generan”. No obstante, aseguró no haber violado ninguna ley, pero que su familia resultó afectada y afirmó con marcado cinismo que el caso “lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el Gobierno”.
Con la disculpa presidencial también llegó una nota aclaratoria emitida por el gobierno. Poco después de que Peña Nieto entonara su mea culpa, un boletín de prensa de Los Pinos informó de que Angélica Rivera devolvió el inmueble el 11 de diciembre de 2014, un mes después de que se emitió el reportaje. La primera dama terminó su relación comercial con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad del empresario Hinojosa y su Grupo Higa. “La inmobiliaria reintegró a la señora Rivera los pagos que realizó entre el 12 de enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014, más los intereses respectivos”. Según la SFP, la primera dama había desembolsado unos 35 millones de pesos para adquirir la casa ubicada en Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec.
El PRI que había hecho bandera de la modernización del país a través del Pacto por México, en 2014 trató de recuperar la iniciativa política. No era un tarea fácil. Iguala marcó un antes y un después en este sexenio, y el hoy cada vez fue peor que el ayer hasta la elección pasada en la otorgó el certificado de defunción del PRI.
Aurelio Nuño, quien fue ex secretario de Educación Pública y coordinador de la fracasada campaña de José Antonio Meade era al iniciar el sexenio el jefe del gabinete de Peña Nieto y no tuvo empacho en reconocer errores en este trayecto de la esperanza a la desconfianza . Declaró al periódico español El País el seis de diciembre del 2014: “Nos faltó una agenda más contundente en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Nos quedamos cortos. No vimos la dimensión del problema y la prioridad que debería haber tenido”.
Nuño con inusual prepotencia afirmó ante las protestas por la desaparicion de los 43 normalistas : “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”.
