Francisco Rodríguez
Casi toda la historia moderna de México ha sido como una pasarela donde han desfilado por el sillón presidencial una caterva de merolicos ufanándose de haber descubierto el hilo negro sobre el modelo de desarrollo nacional. En el mejor de los casos han resultado trasegadores vulgares.
Nos han elegido como el territorio del embuste. Llegan acompañados de los saqueadores para vendernos sus espejitos a cambio de oro. Economistas, financieros, conclapaches y mercachifles de toda ralea llegan diciendo que tienen la fórmula mágica para sacarnos del marasmo. Se dicen poseedores de “el no hay de otra “.
Crecer hacia afuera o hacia adentro, sustituir importaciones, primero crecer para después distribuir, han sido los garlitos del embuste. Ignorantes y asesinos dieron al traste con la esperanza. Hay que empezar casi de cero. Pero apegados a la Constitución.
La verdad es que, en el mejor de los casos, esos merolicos jamás leyeron la Constitución. En ella se encuentra relatado paso a paso el camino que se debe tomar, sin falsedades, mentiras, embozos ni traiciones. En ella se expone desde la clave del desarrollo agropecuario hasta el paso por el industrial y el de servicios… hemos sido engañados por fascinerosos de poca monta.
Es el Estado el que crea la propiedad privada
El cojoyo de lima, la pata de la macolla a la que se refiere la trova popular y lo mejor de nuestra producción vernácula, en el arte, las ciencias y la literatura política, está simplemente en la Constitución. Basta echarle un ojo para saber de qué lado debe masticar la iguana.
La primera regla es que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.
Quien no se ajuste a este principio corre el riesgo de que en cualquier momento, antes, durante o después, se le aplique severamente la ley, incluyéndole todas las reglas penales, para que obedezca las modalidades que requiere el ser colectivo para cumplir con los altos propósitos del desarrollo nacional.
Tierras, aguas y subsuelo para beneficio social
El modelo de Nación, que comprende el patrón de desarrollo, se encuentra literalmente en los artículos clave de la Carta Magna. Veamos: el aprovechamiento de los elementos naturales para distribuir equitativamente la riqueza pública, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, la ordenación de los asentamientos humanos, la condición esencial.
De ahí, la preservación y restauración del equilibrio ecológico para el fraccionamiento de los latifundios, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades para el desarrollo de la propiedad rural, el fomento de la agricultura, ganadería y silvicultura y evitar los daños que puedan causar el perjuicio de la sociedad.
Todo aprovechamiento de minerales o sustancias que en vetas, mantos y yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, yacimientos de piedras preciosas, sal de gema y salinas formadas por aguas marinas, materias fertilizantes, petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, deben abordarse con igual fin.
Alumbrar las aguas del subsuelo para que el Ejecutivo reglamente su extracción cuando lo exija el interés público, al igual que todas las aguas de propiedad nacional, o cuando se localicen en dos o más predios queda sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias.
Las concesiones petroleras pueden cancelarse
Y es que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación que sea concesionada conforme a las leyes mexicanas debe de sujetarse estrictamente y cancelarse cuando no cumplan con el objetivo, independientemente de la fecha de sus otorgamientos. La inobservancia de esto es punible.
Aplica para todas las concesiones o contratos que se hayan otorgado, tratándose del petróleo, carburos de hidrógeno en todas sus presentaciones y minerales radioactivos. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar y distribuir la energía eléctrica para el servicio público. Esta materia rechaza concesión a los particulares.
Contra el acaparamiento y el alza de precios
Para lograr este proceso de desarrollo, dice la Carta Magna, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios, todo acuerdo, procedimiento o combinación….
… de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera eviten la libre concurrencia o la competencia desleal entre sí y obliguen a los consumidores a pagar precios exagerados y en general todo lo que constituya una ventaja indebida en perjuicio de la población o incluso de alguna clase social.
Sólo son para el Estado las áreas estratégicas
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes mexicanas, partícipe por sí o con los sectores social y privado.
El Estado tendrá un Banco Central que procure la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde únicamente al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al Banco de México conceder financiamiento. Todos podrán ser sujetos de juicio político ante la inobservancia, exige la Constitución.
Los subsidios, sólo a actividades prioritarias
El Estado podrá concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación de bienes del dominio exclusivo de la Nación fijando previamente las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia por la prestación y la utilización social de los bienes, evitando fenómenos de concentración monopólica.
Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta. Todas las actividades agropecuarias, industriales, comerciales y financieras deben estar sujetas a la rectoría del Estado. No hay más poder que el poder público.
El ingreso, para la libertad y la dignidad
El Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático. Que mediante el fomento del crecimiento económico, del empleo y de una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y de la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege la Constitución.
Todo lo demás debe partir de estas consideraciones. No hay pero que valga. ¡Basta de zarandajas!
La Ley alentara y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desarrollo del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece sólo la Constitución.
No necesitábamos economistas nylon
Todas estas citas están en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. No se dice nada nuevo. Sólo se recuerda que no teníamos ninguna necesidad de economistas nylon de Chicago, Harvard, MIT, Stanford o el ITAM, de embusteros disfrazados de políticos, de rateros y asesinos que vaciaron al pueblo de esperanza. El modelo de desarrollo nacional de todos los sectores involucrados siempre ha estado ahí… ¡en nuestra Carta Magna!. Y siempre ha sido burlado.
¡Duro contra los farsantes e impostores!
¿No cree usted?
Índice Flamígero: A propósito de la columna titulada Judicatura Federal, salarios de jeque y negocios en dólares que usted leyó aquí a principios de semana, la lectora Norma Jimenez apunta: ¡Qué asco enterarse de tanto abuso y atraco a ojos vistos”. Y don Rodrigo Barreda apunta: “Total que por donde quiera sacan raja de este país, sean jueces y magistrados y hasta el mandadero hacen sus transas al quedarse con la feria del patrón, todo es una sola deshonestidad y una espantosa corrupción. ¡ Y pensar que fueron casi 90 años de este ininterrumpido saqueo…! Ni duda cabe que nos tocó vivir en un país inmensamente rico en recursos naturales, pero también inmensamente podrido con ratas inmundas que estuvieron enquistadas en el gobierno. ¡ Y al que le quede el saco, que simple y sencillamente se lo ponga!”
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