Pablo Cabañas DíazEl presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 Decretos de reserva de agua, los cuales fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación. Los Decretos firmados por el ejecutivo federal, modifican la legislación relativa al uso del agua, y han sido calificados por organizaciones civiles, académicos, científicos y un número considerable de legisladores, como un intento gubernamental para privatizar el recurso, favorecer el uso del líquido a empresas mineras, y petroleras que practican la técnica del fracking para la extracción de gas shale, la probabilidad de un aumento generalizado de las tarifas del líquido para consumo humano con lo que los inversionistas privados recuperarían rápidamente su inversión o que se subsidie con recursos de los contribuyentes a las empresas particulares que inviertan en el sector y por último que se beneficie a constructoras y grandes consorcios, en detrimento de los ciudadanos. La modificación que hacen los 10 decretos para el uso del líquido son las de eliminar las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.
Peña Nieto firmó 10 Decretos de reserva de agua, los cuales fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación.
Los Decretos firmados por el ejecutivo federal, modifican la legislación relativa al uso del agua, y han sido calificados por organizaciones civiles, académicos, científicos y un número considerable de legisladores, como un intento gubernamental para privatizar el recurso, favorecer el uso del líquido a empresas mineras, y petroleras que practican la técnica del fracking para la extracción de gas shale, la probabilidad de un aumento generalizado de las tarifas del líquido para consumo humano con lo que los inversionistas privados recuperarían rápidamente su inversión o que se subsidie con recursos de los contribuyentes a las empresas particulares que inviertan en el sector y por último que se beneficie a constructoras y grandes consorcios, en detrimento de los ciudadanos.
La modificación que hacen los 10 decretos para el uso del líquido son las de eliminar las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.
Los Decretos firmados por el ejecutivo federal, que modifican la legislación relativa al uso del agua, han sido calificados por organizaciones civiles, académicos, científicos y un número considerable de legisladores, como un intento gubernamental para privatizar el recurso, favorecer el uso del líquido a empresas mineras, y petroleras que practican la técnica del fracking para la extracción de gas shale, la probabilidad de un aumento generalizado de las tarifas del líquido para consumo humano con lo que los inversionistas privados recuperarían rápidamente su inversión o que se subsidie con recursos de los contribuyentes a las empresas particulares que inviertan en el sector y por último que se beneficie a constructoras y grandes consorcios, en detrimento de los ciudadanos.
La modificación que hacen los 10 decretos para el uso del líquido son las de eliminar las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.
Algunas de estas reformas son en extremo polémicas, y el gobierno ha despreciado el fuerte debate social sobre las mismas, concentrándose en en armar un consenso mediático para su aprobación, siendo que muchas pueden adquirir un estatus anticonstitucional, como es el caso de la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Diversas voces entre las que destacan académicos y sectores de la población que históricamente han enfrentado problemas sobre el acceso al agua potable, han expresado su inconformidad con las medidas tomadas de manera reciente por Peña Nieto. México desde esta semana incumple el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC, firmado por México en 1981) en el que se reconoce la obligación de todos los Estados firmantes a garantizarle a todos los individuos un nivel de vida digno. El derecho humano al agua constituye una parte esencial del ser humano y que tiene un reconocimiento jurídico a partir de dicho pacto, y aunque el agua no es un aspecto explícito del mismo, es lógico que sin un acceso garantizado y equitativo a dicho elemento de la naturaleza, difícilmente se podrá aspirar a una calidad de vida digna.
El derecho humano al agua se ha convertido en un referente de importancia en el difícil proceso de evitar la privatización del servicio, no obstante, lo establecido como derecho y su aplicación se sustenta desde una “contradicción poco visible”, pues si se parte de los conceptos que lo definen y que se derivan de la Observación General nº. 15, (noviembre de 2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al agua, la cual define como el derecho de cada ser humano a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, es posible identificar en qué consiste dicha contradicción. Tomando como referencia las definiciones correspondientes a la forma de disponer el agua establecidas por la Real Academia Española, todo sugiere un caso directo del ser humano de poder tener o exigir lo que la ley simplemente permite. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el costo del agua no debe superar tres por ciento de los ingresos del hogar. Esta sugerencia implacablemente significa que se deberá pagar por el denominado derecho. Los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez cuencas de agua, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria. En pocas palabras, lo hecho es un despojo más a la Nación.
