CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio (AlmomentoMX).- Los diputados Miguel Sámano Peralta y José Francisco Vázquez Rodríguez, presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Diputación Permanente, respectivamente, acudieron a la celebración del Día del Abogado, en la cual, la 59 Legislatura mexiquense fue reconocida por el titular del Poder Ejecutivo, Alfredo del Mazo Maza, por haber aprobado recientemente iniciativas en materia ambiental y de usucapión.
Alfredo del Mazo firmó los decretos correspondientes, los cuales, una vez publicados en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, cobrarán vigencia.
Ante Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, el mandatario dijo que los legisladores locales deben responder a las demandas sociales con ordenamientos jurídicos de vanguardia.
Agregó que en las y los diputados “encontramos un valioso apoyo que nos ha permitido responder, a través del perfeccionamiento y modernización de nuestro marco legal, al compromiso de garantizar el acceso a la justicia en la entidad. Sus aportaciones han sido indispensables para construir y garantizar la justicia cotidiana”.
Ante numerosos profesionales del derecho que prestan sus servicios en las diversas dependencias de la administración estatal, así como integrantes y dirigentes de las barras y colegios de abogados de la entidad, Del Mazo Maza recordó que en materia ambiental la Legislatura reformó el artículo 126 de la Constitución mexiquense, con lo que el Ejecutivo podrá establecer regiones ambientales y, en cada una, instalar centros integrales de residuos para mejorar la gestión de éstos en favor del cuidado del entorno.
Conforme a su propuesta, el Ejecutivo estatal podrá también convenir con los ayuntamientos la asunción de las funciones que originalmente le corresponden, así como la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social o la protección al ambiente lo hagan necesario.
En relación con la reforma al Código Civil en materia de usucapión, se aprobó que la sentencia del juicio sumario respectivo (procedimiento para regularizar la posesión de un inmueble) no requiera ser protocolizada ante un notario público. De acuerdo con el Ejecutivo, durante su administración se han emitido más de seis mil sentencias de este tipo, garantizando a las familias de la entidad certeza jurídica sobre su patrimonio.
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