Por Mouris Salloum George*
A un corte del 16 de marzo pasado, el INE reportó una serie de irregularidades en la recolección de firmas de apoyo para el registro de candidatos presidenciales independientes.
En el rubro de firmas obtenidas de copias de credenciales de elector, la suma fue de más de medio millón. Concretamente, 511 mil. Más tarde, los magistrados electorales federales sentenciaron que lo único que da certeza al ciudadano respecto del proceso electoral, es la credencial original.
En otras modalidades se encontraron presuntas firmas de ciudadanos registrados en el padrón electoral (más de 40 mil), no en el listado nominal, como lo establece el requisito legal.
En el tercer renglón, aparecen firmas obtenidas de copias de credenciales dadas de baja del Registro Federal de Electores: Más de 60 mil. Lo que tenemos en el gran total son 600 mil firmas irregulares.
Sin embargo, dos candidatos independientes (uno por el INE y otro por mandato de los magistrados) lograron ser incluidos en la boleta electoral del 1 de julio.
Ahora se habla de lavado de dinero y de evasión fiscal
Si la reincidencia en el método de obtención de firmas de apoyo, es eventualmente equiparable a alguna figura penal, ¿se podría hablar de la comisión de más de 600 mil delitos electorales? No tenemos respuesta a tan compleja pregunta.
Lo que sí vemos, es que llueve sobre mojado. Esta semana la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en el caso de Jaime Rodríguez Calderón, trata ya sobre lavado de dinero y de evasión fiscal.
El asunto se corrió a vista de la Fiscalía para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
Sobre esa lodosa pista corren los candidatos presidenciales hacia la meta de Los Pinos. ¿Tienen señalización los principios rectores de legalidad, imparcialidad y objetividad? Entre los negros nubarrones no se alcanzan a divisar.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
