Pablo Cabañas DíazEl PRI recurrió en Coahuila y el Estado de México a un arsenal de trampas digno de los mejores tiempos del partido absoluto. La renovada fusión entre los gobiernos estatales y el gobierno federal en todos los estados apunta a la reconstrucción de una relación de dependencia fiscal y de seguridad pública respecto del ejecutivo. La tendencia se refuerza si consideramos otros elementos en operación que son muy importantes en el sistema político, el control por parte del presidente de los gobernadores y estos de los poderes legislativo y judicial locales, y del dominio total de las instituciones formalmente autónomas.
El caso de Ximena Puente presidenta comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ilustra muy bien el poder del Ejecutivo sobre los órganos autónomos. Puente fue clave para mantener en secreto información sensible que compromete al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en negocios irregulares que dejaron multimillonarias pérdidas para la empresa estatal es un ejemplo de esta trama. Como premio, el PRI la incluyó en su lista como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados. Puente fue la encargada de elaborar el proyecto de resolución que consideró que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, por lo que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, a las cuales no se les aplica el derecho público.
Fue así que el INAI, con los votos de Puente junto a los comisionados Areli Cano y Óscar Guerra, determinó mantener en secreto un negocio multimillonario que sólo ha dejado pérdidas para los mexicanos y fue operado por Emilio Lozoya durante su gestión al frente de Pemex.
Lozoya es una pieza clave en el escándalo de corrupción de Odebrecht, al ser señalado de recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña en 2012, cuando era integrante del equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Un caso que conecta directamente el escándalo del conglomerado brasileño con el presidente Peña Nieto.
El uso faccioso de las instituciones se repite en mútiples variables y formas y nos hace ver que el interés casi único del gobierno federal es la permanencia del grupo político que hoy detenta el Poder Ejecutivo, y representa a los poderes fácticos y las empresas monopólicas más importantes del país. En abril pasado tras una serie de decisiones polémicas que incluyen abrir la puerta a Jaime Rodríguez El Bronco para que compitiera en la elección presidencial tras una serie de irregularidades.
El Tribunal Electoral desechó los argumentos del INE a la hora de abrirle las puertas al gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, para que compitiera por la vía independiente en la elección presidencial. De nada sirvió que el INE hubiera detectado 58% de firmas apócrifas, 810 mil 995 firmas no encontradas en la lista nominal, 158 mil 532 simulaciones de firmas, 17.3 millones de pesos de financiamiento sospechoso, al menos 680 mil pesos traingulados con empresas sospechosas, 1.6 millones de gastos no reportados, 1.1 millones de pagos a Facebook no comprobados, funcionarios investigados por juntar firmas en días y horas hábiles,captura de miles de firmas en un mismo domicilio de madrugada y uso de empresas sospechosas sin registro en el padrón de proveedores.
Ante estas irregularidades la Sala Superior del TEPJF determinó “ordenar a la autoridad responsable que tuviera por cumplido el requisito relativo al número de apoyos necesarios para la postulación de Rodríguez Calderón como candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente”.
Esto, a pesar de que el TEPJF reconoció que Rodríguez Calderón subsanó 8.4% de los registros que se habían considerado inválidos, unos 62 mil 730. De ahí que, si al aspirante le falta 1.92% para cumplir con el porcentaje exigido, que equivale a 16 mil 656, está ante la posibilidad de que, derivado de una revisión exhaustiva de los apoyos, su situación jurídica frente a la oportunidad de postularse cambie.
El pleno del TEPJF estimó que la decisión sobre la validez o no de los apoyos quedaba a la libre apreciación del personal de la autoridad electoral, dado que en las actas respectivas no se describió su desarrollo, por lo que no puede estimarse que dicho procedimiento cumplió con requisitos mínimos de fundamentación y motivación exigibles a cualquier acto de autoridad.
En diciembre del 2017, en otra polémica decisión el TEPJF derribó la prohibición impuesta por el INE para usar tarjetas y monederos electrónicos durante las campañas electorales, uno de los temas más polémicos durante la elección presidencial de 2012 y la reciente elección para gobernador del Estado de México en 2017. El TEPJF determinó que el INE no está facultado para prohibir su reparto, por lo que ordenó cambiar dicha norma en el Reglamento de Fiscalización, tras una queja interpuesta por el PRI y PVEM.
No hay límites ante las decisiones que se toman en las instancias del poder real. lo grave es que esta dañada en su credibilidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que será el encargado de validar la elección presidencial de 2018. La credibilidad de las autoridades electorales y de los órganos autonomos está en mínimos históricos.
