CIUDAD DE MÉXICO, 16 de marzo (AlmomentoMX).- Las recientes declaraciones del ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, al periódico The Wall Street Journal constituyen una seria acusación al gobierno federal de Enrique Peña Nieto por actuar con métodos del crimen organizado para intimidar y doblegar a un fiscal que venía desempeñándose con el mandato que le dimos los senadores: garantizar equidad, justicia y autonomía, informó la senadora Dolores Padierna.
Nieto Castillo afirmó que Jorge Márquez, el ex oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, intentó “comprarme para que guardara silencio”. Sus investigaciones sobre los sobornos de la compañía brasileña Odebrechet y los casos de presunto financiamiento ilegal del PRI en las elecciones estatales, como fueron los casos de Chihuahua, Estado de México y Quintana Roo, condujeron a su renuncia.
Como recordaremos, señaló la senadora, el titular de la FEPADE fue cesado de manera ilegal por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, el 20 de octubre del 2017, cuatro días después de que renunciara el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, por presuntas presiones también en la investigación de los casos de corrupción, como Odebrechet, y las irregularidades de ex gobernadores como el chihuahuense César Duarte.
El Senado de la República se paralizó frente a la insistencia de la mayoría Priísta y Verde ecologista para evitar una comparecencia del ex fiscal Santiago Nieto y avanzara el proceso de objeción de su despido. Sólo al Senado de la República le correspondía decidir la remoción de un fiscal que fue electo por la mayoría de todos los integrantes de la Cámara alta.
Las declaraciones de Nieto Castillo vuelven a revivir esta crisis constitucional surgida tras la renuncia de Cervantes Andrade y la imposibilidad de nombrar a un auténtico Fiscal General de la República, autónomo, y a los fiscales anticorrupción y contra delitos electorales.
Los hechos confirman buena parte de la acusación de Nieto Castillo: desde octubre del año pasado hasta ahora, la PGR no avanzó en la investigación del caso Odebrechet y recientemente dio “carpetazo” a una de las acusaciones contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, en relación con el desvío de 65 millones de pesos del erario estatal para financiar el Banco Unión Progreso.
La mejor manera de desmentir las acusaciones de Santiago Nieto sería romper el pacto de impunidad que persiste entre el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y la red de corrupción de ex gobernadores priistas y ex funcionarios federales implicados en el escándalo Odebrecht.
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