CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero (AlMomentoMX).- En los últimos dos sexenios, el gobierno federal ha utilizado los recursos del ramo 23 para premiar, castigar o cooptar a las administraciones estatales, concluyó la organización México Evalúa.
De acuerdo con la organización, los recursos públicos del ramo 23 han variado de 2009 a 2017 en función de “la simpatía” entre el partido político en el Gobierno federal y el de los gobiernos estatales.
De esta forma, Hacienda ha transferido sin contrapeso más de 375 mil millones de pesos a estados de 2009 a 2017 a través de tres programas de subsidios (Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Programas Regionales y Contingencias Económicas) del Ramo 23 sin ley que lo regule.
Entre las conclusiones del informe Arquitectura del Ramo 23, la organización destaca que existe un “patrón en el que las decisiones de gasto público son tomadas dentro de una arquitectura institucional discrecional que, en lugar de promover buenos resultados, ha contribuido a diluir la calidad del gasto público”, lo cual convierte a la aprobación presupuestaria “en un simulación”.
De 2009 a 2012 se gastó 56 mil 922 millones de pesos, mientras que entre 2013 y 2017 subió a 318 mil 465 millones, equivalente al 30 por ciento de recaudación tributaria por gasolinazo, ISR e IVA en los últimos tres años. Esto pese a haberse aprobado por el Congreso solo 22 mil millones de pesos para gastar a través de los programas discrecionales en la actual administración.
Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, determinó que “es muy delicado” que la Secretaría de Hacienda sea quien decida estas transferencias y el Congreso de la Unión no funja como contrapeso. “Es toda una arquitectura para gastar así, no es un accidente”, afirmó.
Al enfatizar que este mecanismo no está regulado por una Ley, sino por lineamientos que “controla” Hacienda, urgió a regular el objetivo y funciones del ramo 23, así como regular los ingresos excedentes de los cuales se conforma esta bolsa opaca de dinero público.
“No estamos garantizando que el dinero de estos ingresos excedentes se vaya a resolver los problemas identificados. La toma de decisión en asignación de recursos debe orientarse a objetivos institucionales para atender la lista enorme de necesidades”, aseguró.
México Evalúa recomendó controlar la discrecionalidad a través de objetivos claros con un diseño documentado que permita el monitoreo y la evaluación, además de revisar las facultades de la SHCP, oficialías mayores y el Congreso para asignar y vigilar el uso de recursos y prohibir subsidios sin reglas de operación.
También, promover mayor independencia fiscal a los gobiernos locales, transparentar la entrega de subsidios y los convenios que se firman, regular los mecanismos de asignaciones presupuestarias y garantizar un contrapeso de las mismas, entre otras acciones.
Suma de irregularidades
La organización encontró que las transferencias han favorecido a gobernadores pertenecientes al mismo partido que el Ejecutivo Federal, situación que se observó tanto en la última administración panista como en la actual priista, así como han perjudicado a gobiernos emanados de partidos distintos al del gobierno federal.
Por ejemplo, cuando el PAN (con Felipe Calderón como presidente) estaba en el gobierno federal, Nuevo León (PRI) en 2011 no recibió nada de estos recursos del ramo 23, pero en 2015, ya con el PRI en el Ejecutivo y previo a elecciones, obtuvo casi el doble del promedio nacional de este ramo.
En Veracruz, cuando Calderón gobernaba el país, de 2010 a 2012 recibió cero pesos. Sin embargo, en 2015 con Peña Nieto obtuvo 4 mil 129 millones de pesos y, en 2017 con el PAN de regreso a la entidad, sus transferencias bajaron.
En Durango, en 2016 la entidad recibió 3 mil 080 millones de pesos del ramo 23, su cifra histórica. Pero en 2017, cuando arribó el PAN al gobierno local, bajaron a 1 mil 456 millones.
En estos casos se observa que los cambios en los montos transferidos coinciden con afinidades políticas, expresó Mariana Campos. En contraste, en Sonora (PAN), dijo, puede interpretarse como negociaciones de las reformas estructurales, ya que en 2011 recibió 2 mil 059 millones, más que cualquier otro estado. En 2016, ya con Peña Nieto, el PRI le siguió transfiriendo.
En el Estado de México se detectó que recibió transferencias del orden de los 8 mil millones de pesos a través de estos programas federales; se trata del triple de lo que ha recibido el promedio de los estados y una cantidad considerablemente mayor a lo que recibió este estado con el PAN.
AM.MX/dsc
