Fernando Irala
Entre sustos y sismos, la ciudad de México ha visto ahora colapsar la Comisión creada hace apenas unos pocos meses para propiciar la reconstrucción urbana, luego de los daños que centenas de inmuebles sufrieron en septiembre pasado.
La renuncia del comisionado, Ricardo Becerra, y de otros dos integrantes del organismo, ocurre porque los cuantiosos fondos asignados al tema se han vuelto botín del que se apropió la Asamblea Legislativa, merced a una ley que le da injerencia en la asignación y el control de los recursos.
Debido al albazo legislativo, tres diputados de dudosa fama creen que pueden disponer de los dineros que contribuirían a reponer el patrimonio y la normalidad para miles de familias afectadas.
El madruguete ocurre, además, en las vísperas del proceso electoral, con todos los riesgos que ello implica y con las sospechas de una ciudadanía que siempre ha sido arisca pero ahora lo es mucho más, cansada de las tropelías que un día sí y otro también se saben sobre el manejo del erario.
Mientras en las altas esferas la rebatinga por el presupuesto ha dejado acéfala a la Comisión, el drama social y la necesidad de resolverlo se tornan más agudos.
Cinco meses después del sismo del 19 de septiembre sólo se ha atendido lo más urgente: algunas demoliciones inaplazables, un registro de edificios dañados y un padrón de damnificados. Quedan por llevarse a cabo las acciones fundamentales que le dan nombre al proceso y a la comisión establecida: reconstruir y hacer más resiliente a la ciudad.
Pero con el irregular y abusivo manejo presupuestario dispuesto por los legisladores y el descabezamiento y descomposición de la Comisión, hoy estamos varios pasos atrás, con menos certeza de que las cosas se hagan bien, con eficacia y honestidad.
Todo se ha vuelto un enredo al que no se le ve solución sencilla.
