Pablo Cabañas DíazLa frase atribuida a Benito Juárez que dice “A los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas” hoy prevalece en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde que en noviembre pasado el máximo tribunal ordenó la destitución del delegado Israel Moreno Rivera en Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, se ha seguido el camino de sancionar y hasta consignar de manera penal a presidentes municipales y cabildos por desacato de sentencias de amparo. Entre el lunes y martes de esta semana, el Poder Judicial resolvió destituir y someter a juicio a 53 funcionarios de municipios de diversos estados, entre ellos los de Coacalco (estado de México), Paraíso (Tabasco) y Tlacotepec (Puebla). El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, manifiesta que estas destituciones son en cumplimiento de un mandato de la Constitución y en efecto, la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución faculta a los ministros de destituir a las autoridades que de manera injustificada incumplan un amparo.
En los últimos 22 años, desde la reforma judicial de 1995, que estableció el actual sistema que la rige, no había habido prácticamente mayores sanciones excepto en 2015 cuando fueron destituidos delegados de un organismo de seguridad social del estado en Tabasco y el estado de Nuevo León.
Pero el cuerpo colegiado que preside el ministro Aguilar se ha comportado de manera benévola ante otros casos de desacato. El más significativo, y documentado, fue la protección que dio al presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien incumplió un amparo cuando era director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El dos de mayo del 2017, la Corte resolvió, sin discusión, un recurso con el que salvó de la inhabilitación y consignación de Ochoa Reza.
El pleno de la SCJN resolvió a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al anular el pago de 463 millones 171 mil pesos por la cancelación de un contrato celebrado en 2001 con la empresa Líneas de Alta Tensión S.A. de C.V. y ordenó devolver el asunto al tribunal colegiado de origen para que emitiera un nuevo fallo. De esta manera, el máximo tribunal, exoneró al líder nacional del PRI quien era director de CFE cuando un tribunal federal le ordenó indemnizar a la empresa quejosa.
Los ministros avalaron el proyecto de dictamen elaborado por la ministra Margarita Luna Ramos, el cual fue diferente al documento que circuló entre sus compañeros en el que confirmaba la obligación de CFE de pagar el adeudo, consignar penalmente por el delito de abuso de autoridad al coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE, dejando a salvo la responsabilidad del dirigente priísta, quien dejó CFE en febrero de 2016. Fuentes judiciales reconocieran que fue a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia la que “cabildeó” intensamente con Luna Ramos y el resto de integrantes de la SCJN para evitar una sanción del líder del PRI. En suma hay justicia y gracia
