Por Norma Meraz
Esta época que abre un espacio para el esparcimiento, la reflexión y los buenos deseos nos coloca en un estadio de aparente olvido de la realidad que nos envuelve.
Los mejores deseos de paz no son suficientes para lograrla.
Los mexicanos atrapados en medio de la inseguridad y la violencia, lejos están de haberse olvidado de las tormentas que amenazan su bienestar.
La estabilidad social es como un velo de tela fina qué tal vez no resista el jalón de la pesada cuesta de enero, el torbellino político de la sucesión presidencial, la indiferencia del gobierno ante la incertidumbre económica, el desamparo de los damnificados de septiembre ante el inclemente frío invernal; los asesinatos de mujeres y los asesinatos de periodistas acallados por decir la verdad o por no ceñirse al bozal del gobierno.
¿Qué pasará cuando la Ley de Seguridad Interior sea votada a favor, por ocho de los once miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
El sector militar, exento del examen de transparencia, contará ahora con el soporte de una ley de Seguridad Interior promulgada por el Presidente de la República; ley que no cuenta con el apoyo de una sociedad que reclama tranquilidad y paz en el marco de una verdadera democracia.
Es una ley no carente de ambigüedades que parece privilegiar a la autoridad militar para intervenir en cualquier caso donde identifique riesgos para la seguridad.
Habla de riesgos “detectados” en la Agenda Nacional de Riesgos”. Esta agenda es un documento reservado, por ser de Seguridad Nacional.
Luego entonces estaremos indefensos ante cualquier acto que, al parecer de la milicia, ”detecte” como un acto de riesgo para la seguridad de la Nación.
¿A discreción de las fuerzas armadas quedará el respeto a los derechos humanos?
No es gratuito o no es una ocurrencia de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos querer convencer al presidente Peña Nieto de que se ventile en la sociedad y se reforme dicha ley que poco tiene de marco democrático, de utilidad real y de constitucionalidad.
El licenciado Ignacio Morales Lechuga lo consigna así: el Art. 2 de la ley, define seguridad interior de manera inexacta pues comprende cualquier actitud colectiva o individual que ponga en riesgo la democracia o el funcionamiento de las instituciones“, “pero no establece los criterios o protocolos aplicables”.
El articulado se centra en las atribuciones que tendrán las fuerzas armadas para actuar en caso “necesario” y apaciguar cualquier manifestación que ponga en riesgo la seguridad nacional, pero no se refiere a su actuación respecto de la protección a la población y sus derechos humanos.
¿Un México con un régimen “democrático” y una ley de seguridad antidemocrática?
A expensas de la discrecionalidad militar estarán las más mínimas expresiones de inconformidad social, para ser apaciguadas en nombre de la ley. Una ley que no exhibe la defensa de los derechos humanos, dista mucho de ser un mandamiento que proteja a los ciudadanos que viven en una democracia.
Con esta realidad los deseos de año nuevo para el pueblo mexicano sin más bien una amenaza de que lo peor puede estar por venir, ya hay muchas pruebas de ello.
¡Digamos la verdad!
