Miguel Ángel Ferrer
Recientemente el capitoste de la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) declaró públicamente que los montos de las pensiones de retiro son insuficientes para una vida digna. El propio Carlos Ramírez Fuentes le puso guarismos al asunto. Esos montos, en general, sólo llegan a dos mil pesos mensuales (100 dólares estadounidenses).
De modo que, en buena lógica formal, se puede hablar de la inexistencia de las pensiones. Porque dos mil pesos al mes y nada viene a ser casi lo mismo. Y, consecuentemente, el pensionista, generalmente un anciano, se encuentra obligado a buscar alguna otra forma de solventar los gastos de la vida diaria: alimentos, vivienda y salud. Y la situación casi no varía si el anciano recibe esa pensión de dos mil pesos al mes o si carece de ella.
Estos hechos irrebatibles documentan sobradamente el fracaso de la política social de protección y cuidado de las personas de edad avanzada y que, por ello, ya no pueden ganarse por sí mismos el sustento. Se puede decir, sin forzar los términos, que el Estado dejó de cumplir con su obligación de velar por el bienestar de un sector muy vulnerable de la población mexicana el que, adicionalmente, es cada día más numeroso.
Ese abandono del deber tiene fecha de nacimiento: 1997. Fue en este año cuando el sistema de pensiones pasó de su carácter solidario, en el que los trabajadores en activo financiaban las pensiones de sus antecesores en el aparato productivo, a un sistema individualista en que el trabajador en activo debe ahorrar una parte de su salario para poder asignarse a sí mismo una pensión de retiro. Del encomiable lema “uno para todos y todos para uno”, se transitó al mezquino “que cada quien se rasque con sus propias uñas”.
Habrá quien diga, desde luego, que en el anterior sistema solidario de pensiones el trabajador en activo contribuía a la formación de un fondo general de retiro. Sí, pero el Estado era el garante del pago de las pensiones, cosa que ya no existe.
Así que vale la pena repetirlo: un sistema de pensiones miserables que no alcanzan para una vida digna no es propiamente un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que son producto exclusivo del ahorro del trabajador y sobre el cual éste no tiene ningún control no es propiamente un sistema de pensiones. Y un sistema de pensiones sin la presencia activa del Estado como garante del pago de las pensiones no es propiamente un sistema de pensiones.
Se puede, en consecuencia, preguntar legítimamente: si el sistema de pensiones no sirve para garantizar una pensión que permita una vida digna, ¿para que se creó, para qué sirve? Y la respuesta es muy sencilla y está a la vista.
Se creó para sustraer del bolsillo de millones de personas inmensos recursos monetarios que la alta burocracia puede utilizar discrecionalmente y sin rendir cuentas a nadie. Y menos a sus legítimos dueños. Una modalidad legalizada de jineteo del dinero ajeno. O de robo si, como se sospecha fundadamente, una gran parte de ese dinero jamás ha de reintegrarse al ahorrador, ya por fallecimiento de éste, por burocratismo exacerbado, por tortuguismo, por inversiones tóxicas o fraudulentas o por manejo malévolo, con fines de estafa, de las bases de datos de los fondos individuales de retiro.
