Por: Mario Ruiz Redondo
Cuando Jimmy Morales Cabrera asumió la Presidencia de la República de Guatemala, la mañana del jueves 14 de enero de 2016, nunca se imaginó que un año y casi ocho meses después, enfrentaría el peor momento de su vida personal, al ponerse en duda su honestidad, acusado de haber recurrido a financiamiento ilícito durante su campaña electoral.
La acción legal en contra del mandatario centroamericano, fue solicitada por el Ministerio Público y la influyente Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, que ha tenido como mérito más importante, desde su creación el 12 de diciembre de 2006, el haber contribuido de manera determinante a la caída en al año 2015, por escandalosos actos de corrupción, del presidente, general Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Ambos se encuentran actualmente encarcelados, sujetos a proceso, bajo los cargos de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, en un hecho sin precedente y más aún, tratándose de un militar de alto rango y ex jefe de la Inteligencia del Ejército.
La CICIG, es resultado del Acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno de Guatemala, ratificado en mayo de 2007 y vigente, con la titularidad de colombiano Iván Velásquez Gómez, quien el pasado 27 de agosto, fue declarado “persona non grata” por el presidente Jimmy Morales Cabrera, en respuesta a los señalamientos de proceder ilegal, en su contra.
Sería la gota que derramaría el vaso en las tensas relaciones entre el funcionario de las Naciones Unidas y el gobernante chapín, situación que sería aprovechada por los grupos opositores, al generar un clima de linchamiento a quien no le perdonan haberlos ridiculizado, al salir de la nada, pues su trayectoria como comediante de la televisión guatemalteca, no era suficiente, según argumentan, para ganar una elección Presidencial.
El problema principal, es que el mandatario ha caído en la trampa de sus enemigos. En un intento poco inteligente para frenar la continuación de las acciones legales en su contra, por parte del comisionado de la ONU, le ordena que abandone inmediatamente la república de Guatemala, dando instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que cumpla dentro del marco legal y diplomático, “que el señor Iván Velásquez Gómez, abandone inmediatamente el territorio nacional”.
Se moverían de inmediato los hilos en contra, para ridiculizarlo. Ese mismo día, la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgó dos amparos promovidos a favor del representante de Naciones Unidas, por la Procuraduría de Derechos Humanos y al Centro de Acción Legal Ambiental, en contra de la decisión del presidente Morales Cabrera, por lo que aún permanece en el país, protegido por las leyes guatemaltecas.
Opiniones de magistrados, coinciden en que el presidente Jimmy Morales Cabrera, violó la ley, al firmar solo, la declaración adversa a Iván Velásquez Gómez, haciendo caso omiso del artículo 182 constitucional, que establece claramente que “el presidente de la república actuará siempre con los ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población del país”.
Una precipitación que pasó por alto el orden jurídico y motivó la anulación por parte de la Corte de Constitucionalidad, la declaración del mandatario de calificar de no grata la presencia del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, así como la orden de salir del territorio chapín.
Imprudencia que tiene un costo muy alto para la imagen de Jimmy Morales Cabrera, al ser notificado, este lunes 4 de septiembre por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha dado trámite a la solicitud de Antejuicio presentado en su contra, por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), por el delito de financiamiento electoral ilícito para ganar la Presidencia que ahora ostenta.
Ello implica también que la máxima instancia legal, remita al Congreso este procedimiento autorizado, para su conocimiento, con lo cual el asunto adquiere una dimensión política volátil, pues ya en tres ocasiones anteriores se habían solicitado igual número de Antejuicios contra el presidente, pero habían sido rechazados por la Corte Suprema.
Jimmy Morales Cabrera, respondería en un comunicado que “como representante de la unidad nacional, reafirmo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que siempre he defendido el Estado de derecho, el ordenamiento jurídico y la independencia de poderes”.
Mensaje de defensa, en el que afirma que “nunca he interferido en proceso alguno que me vincule directa o indirectamente. Por el contrario, siempre demostré respeto al debido proceso, tal como lo establece la ley. Ante esta coyuntura, solicito a los guatemaltecos su objetividad, madurez y compromiso con la unidad nacional”.
Deja muy en claro que “nuestra agenda de trabajo al frente de la Presidencia de la República, continuará al servicio de todos”.
Climax en el inicio de septiembre, de la investigación llevada a cabo en contra del presidente Morales Cabrera, luego de la denuncia presentada ante el Ministerio Público el 30 de noviembre de 2016, por el Tribunal Supremo Electoral, contra el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevaría al poder al mandatario.
Sustento en la información proporcionada por la Fiscalía de Delitos Electorales, en cuanto a que esta organización política recibió por lo menos seis millones 700 mil quetzales (16 millones 750 mil pesos), de financiamiento que no fueron reportados, en los días en que el ahora mandatario era secretario general, por lo que se le atribuye responsabilidad legal.
En la acción jurídica emprendida contra el otrora comediante de la televisión guatemalteca, se contemplan también cinco investigaciones penales dirigidas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en la que están involucrados funcionarios cercanos a la Presidencia, lo cual ha hecho reaccionar de manera impulsiva a Jimmy Morales Cabrera, al convertir en víctima a Iván Velásquez Gómez, titular de la CICIG.
Hoy se sabe que tres de los asuntos, están relacionados con el financiamiento electoral ilícito que habría permitido pagar la campaña del Frente de Convergencia Nacional, que lo hizo presidente de la república en 2015.
La cuarta causa, estaría relacionada con un presunto fraude cometido en el Registro General de la Propiedad, en la que están involucrados José Manuel Morales, hijo mayor del mandatario, además de su hermano Samuel Morales Cabrera.
Una orden de captura en contra de Alba Elvira Lorenzana, esposa del magnate Angel González, dueño de los canales de televisión, donde Jimmy y Samuel presentaban su programa cómico, es el quinto tema de investigación, por considerar que no se precisó de dónde salió el dinero para pagar la promoción proselitista.
Ubicado en el centro del huracán, el Jefe de Estado de Guatemala, es ahora blanco fácil de sus enemigos políticos, que han hecho público que luego de que el proceso electoral se fue a la segunda vuelta, el entonces candidato utilizó el helicóptero con matrícula TG-ANM, vinculado con sociedades en el extranjero relacionadas al ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, por lo que existe la presunción de que tal apoyo pudo originarse de sobornos o comisiones ilegales exigidas a empresarios de la construcción.
De nuevo el escándalo mayúsculo, que mientras se averigua, sigue siendo tema nacional e internacional, por el alto descrédito que enfrenta el presidente Morales Cabrera, sobre todo cuando se da la referencia de la declaración de un narcotraficante, el ex militar retirado Marlon Monroy Meoño “El Fantasma”, que antes de ser extraditado a Estados Unidos, aseguró haber financiado con 400 mil dólares (tres millones de quetzales-siete millones de pesos).
Según la versión proporcionada del delincuente, éste habría entregado el dinero a uno de los hijos del gobernante, pero lo interesante del asunto, es que tal historia quedaría en simple versión sin sustento, al ser entregado al gobierno estadounidense, sin que antes haya aportado las pruebas al Ministerio Público, por lo que el asunto fue invalidado.
Pero el presidente guatemalteco no ha estado exento de los escándalos propiciados por su propia familia, pues tanto su hijo José Manuel como su hermano y asociado en la comedia televisiva, Samuel, han sido sometidos a juicio por los delitos de supuesto fraude en forma continuada, en la que se ha atribuido el de lavado de dinero al segundo.
Historias antiguas que adquieren notoriedad. Detalles que se agregan a la hoguera de la deshonra, una vez que ambos fueron acusados de participar en tres adjudicaciones públicas en el Registro de la Propiedad, en 2013, equivalente a más de 200 mil quetzales (500 mil pesos).
Más reciente, el reporte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, al recibir la denuncia de la Contraloría General de Cuentas, en relación con 564 desayunos que nunca se sirvieron y facturados con un monto de 90 mil quetzales (225 mil pesos), avalado por el mismo mandatario.
Al “payaso” como sus detractores lo califican, no le perdonan su éxito, al convertirse en 2015, en el candidato sorpresa del proceso electoral de Guatemala. Un ascenso sorpresivo, pues ni siquiera figuraba entre los favoritos, pero que la coyuntura derivada de la crisis política por el escandaloso fraude aduanero multimillonario a las arcas hacendarias, en el que estaban involucrados el presidente y su vicepresidenta, le favorecería totalmente, al rechazar la ciudadanía a los políticos tradicionales y corruptos.
Un alcance de popularidad que lo mantuvo inicialmente en una competencia desventajosa, que finalmente lo llevaría a la segunda vuelta,
en la que resultaría triunfador indiscutible, sobre su contrincante Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, con un total de 67.4 por ciento de los votos, frente a 32.5 por ciento de su rival.
Arribo al poder, luego del peor escándalo de corrupción de los últimos tiempos en Guatemala, por lo que en sus discursos proselitistas afirmaría que “está en nosotros pasar de la noche de la corrupción al amanecer de la transparencia”.
La siempre convulsa Guatemala, vive hoy junto con su presidente número 50 y apenas el octavo elegido por el voto en la era democrática que dio comienzo en 1985, después de múltiples conflictos de dictaduras militares e insurgencias guerrilleras, un capítulo que refleja las pugnas internas y la venganza de un sector castrense dolido por el encarcelamiento de uno de sus mejores hombres, el general Otto Pérez Molina.
Politizar un asunto de orden judicial, es un camino tortuoso, considerando la no gravedad de las acusaciones que tiene un tinte de injerencia en asuntos internos por parte de la CICIG de la Organización de las Naciones Unidas, que se asemejan en mucho a lo que ahora acontece en Venezuela, con la intromisión abierta del secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, quien, siguiendo la consigna de la Casa Blanca, ha personalizado sus fobias contra el presidente Nicolás Maduro.
Seguramente que el presidente Jimmy Morales Cabrera, superará sin mayor problema esta crisis ficticia, por el bien de Guatemala.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013, Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico del Senado de la República 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.
