Gregorio Ortega Molina
*Acá, ¿quién puede negarlo?, estamos inmersos en una guerra civil, que se ve atizada y favorecida por los índices de pobreza alimentaria y pobreza extrema, lo que facilita a los barones de la droga aumentar el número de sus “soldados”
La integración del sistema penal mexicano al de Estados Unidos va; a trompicones y a jalones, pero va. Los resultados son imprevisibles, porque se empeñan en unir dos culturas diferentes, dos mundos distintos, dos idiosincrasias divergentes.
Allá, la Asociación Nacional del Rifle tiene cabilderos en el Congreso, es una organización poderosa, e impone criterios, sin importar las muertes que la portación de armas casi sin restricciones conlleva.
Acá, ¿quién puede negarlo?, estamos inmersos en una guerra civil, que se ve atizada y favorecida por los índices de pobreza alimentaria y pobreza extrema, lo que facilita a los barones de la droga aumentar el número de sus “soldados”, a los que convierte en halcones, sicarios o guardias armados de sus casas de seguridad. La violencia es incontenible en toda la república, a toda hora, y sin respeto a la autoridad.
Debido a la inseguridad en el país, tres entidades federativas reformaron sus códigos penales, y en otras siete se analizan cambios para que los ciudadanos puedan ser amparados por ley en caso de lesionar o matar bajo la figura de legítima defensa.
El primero en regularla fue Nuevo León. El Código penal establecía que cualquiera que “rechazara” o “dañara” al agresor que allanara su casa -por ejemplo, un ladrón-, no incurría en ningún delito. A finales de mayo, el Congreso local aprobó añadir dos nuevos supuestos, “lesionar” y “privar de la vida”. El código detalla ahora que cualquiera que dañe, lesione, o incluso mate a un asaltante, es inocente.
Le siguió Baja California Sur. El 21 de junio los diputados realizaron modificaciones legales para que los ciudadanos no sean encarcelados en caso de recurrir al exceso de fuerza en defensa de su vida, su patrimonio o su familia. En la iniciativa se argumenta que es necesario darle al ciudadano más seguridad en la forma en que será tratado en caso de ocasionar daños al repeler un ataque.
En Guanajuato, donde la vida no vale nada (José Alfredo Jiménez dixit), los diputados locales aprobaron, el 29 de junio último, las modificaciones a su Código Penal, para que el habitante de una propiedad no sea castigado por las lesiones y la muerte que llegase a causar a quien allane su casa.
He sido víctima de robo a mano armada. Llevé las de perder con GNP seguros por el despojo de mi vehículo, porque el argumento del director jurídico de la empresa fue que lo entregué voluntariamente, porque fui víctima de extorsión; es decir, debí esperar a que me dispararan para entregarlo. Debido a la solidaridad de mis amigos periodistas pagaron el monto señalado en el libro azul, diez meses después de ocurrido el robo.
Hoy, la situación está peor, las armas disponibles en todas partes, y la legítima defensa que quita el seguro al gatillo, para que los rápidos y furiosos mexicanos puedan compararse a los discípulos de Charlton Heston. Que la Virgen de Guadalupe nos ampare.
