Pablo Cabañas Díaz
(Segunda parte)
Aldesa empresa constructora de la ampliación del Paso Express en Morelos, inició operaciones en México en 2008, durante el sexenio panista de Felipe Calderón, justo cuando la crisis financiera mundial –desatada por la burbuja inmobiliaria de los especuladores bursátiles de Wall Street- hundió la industria de la construcción de España, la empresa se ha dedicado, sobre todo, a la construcción de infraestructura para el sector público. El 27 de noviembre de 2013, en un foro realizado en la Ciudad de México, el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Raúl Murrieta Cummings, admitió, ante los cuestionamientos de la prensa, que sí hay corrupción en la adjudicación de obras, y aceptó el favoritismo que el Gobierno federal le ha dado a la empresa Aldesa.
Un año después, en diciembre de 2014, la revista Proceso documentaba que Aldesa, en conjunto con la también constructora española Obrascón Huarte Lain (OHL), han sido las empresas más favorecidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con multitud de proyectos de obra pública de “asignación directa”. Proceso señaló que Aldesa (socia de OHL), ha provocado la inconformidad de los alcaldes de muchos Municipios del país, tanto por los constantes retrasos en la construcción de autopistas y carreteras, como por el alto costo del peaje en las vías de cuota. Como ejemplo están los 124 pesos que cobra Aldesa por transitar sobre la autopista Perote-Veracruz, considerado el peaje más caro en América Latina.
El pasado 25 de junio, un contrato por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México fue asignado de manera tramposa y directa, a dicha constructora. Aldesa y OHL también sobresalen por la mala calidad de sus obras. El 28 de agosto de 2013 se reveló que por la mala planeación de la ruta y la pésima calidad de los trabajos de construcción de la carretera Durango-Mazatlán, a poco menos de dos meses de la fecha anunciada para su inauguración la vía sufrió un deslave, es decir el desgajamiento de un cerro, y una peligrosa fractura en el asfaltado, por lo que Aldesa una vez más tuvo que hacer trabajos de mantenimiento que incrementaron en un 40 por ciento la inversión inicial. El 17 de abril de 2015 el senador por Yucatán, Daniel Ávila Ruiz, denunció que la subestación de la CFE que Aldesa construyó en Ebtún, Comisaría cercana a Valladolid, presenta varias deficiencias en su infraestructura, razón por la cual tuvo que ser remodelada en dos ocasiones.
También se descubrió que la constructora no pagó a varias empresas locales que le suministraron servicios e insumos en la ampliación de la carretera Mérida-Chetumal; de hecho aún les debe más de 2 millones de pesos. El 8 de septiembre de 2015, el gobierno de Perú demandó a la constructora española por no concluir los trabajos de remodelación de la represa de Iruru, a pesar de que ya le habían pagado los 190 millones de pesos acordados. Hasta el día de hoy no se ha obtenido una respuesta positiva por parte de Aldesa, y la nueva evidencia demuestra que la represa está a punto de desbordarse, poniendo en peligro la vida de poco más de 20 mil personas que viven en los alrededores. Hay más evidencias de la corrupción impune de esta empresa en México.
