Gregorio Ortega Molina
*Los ejecutados desde que Felipe Calderón Hinojosa declarara la guerra al narco, se inscriben en esa selecta lista de víctimas de las arbitrariedades de los gobiernos, cuyos administradores pueden ser hombres buenos, que lo mismo convertirse en señores de horca y cuchillo
No le den vueltas al asunto ni busquen justificaciones. Las muertes violentas y a mansalva de periodistas y activistas de los derechos humanos o defensores del medio ambiente, tienen, es claro, un propósito en materia de seguridad pública, de corrupción, pero también es innegable que estos temas, hoy, son eminentemente políticos.
Imposible recordar todos los nombres y rostros. Lo único que jamás podrá olvidarse, menos por sus seres queridos, es que fallecieron ejecutados, porque un grupo o una persona ordenaron esas muertes, que pesarán mucho en el futuro inmediato de México.
No es nuevo lo que aquí sucede, pues vivimos en un país cruento: Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Felipe Ángeles, Francisco Serrano, Álvaro Obregón, Topilejo, Huitzilac y, recientes, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
Los ejecutados desde que Felipe Calderón Hinojosa declarara la guerra al narco, se inscriben en esa selecta lista de víctimas de las arbitrariedades de los gobiernos, cuyos administradores pueden ser hombres buenos, que lo mismo convertirse en señores de horca y cuchillo.
Ahora resulta que Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, que debió rescatar los despojos de su hija de una fosa clandestina porque ella misma determinó buscarla, y después fundó un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas, recibió tardíamente su regalo de día de las madres y fue ejecutada la noche del 10 de mayo por pistoleros, en su domicilio de la colonia Paso Real, municipio de San Fernando, allá donde aparecieron esos más de 70 cadáveres.
Karen Alejandra Salinas Rodríguez desapareció secuestrada en 2012, y desde ese año su madre, Miriam Rodríguez, que vivió en San Fernando -municipio donde en abril de 2011 fueron enterrados 183 cadáveres en fosas clandestinas, todos ejecutados con las manos-, la buscó con denuedo, sin saber que buscar cadáveres la convertiría en uno.
Como la procuración de justicia estatal hizo como que la Virgen le habló, Miriam Elizabeth halló, en 2014, los restos de su hija en una fosa clandestina; recopiló evidencias con las que comprobó, ante las autoridades, la responsabilidad de 16 personas en el secuestro y el homicidio de Karen Alejandra.
Debido a sus investigaciones, 13 personas fueron detenidas y se giraron tres órdenes de aprehensión contra presuntos homicidas. Para el día de hoy tenía prevista una reunión con colectivos de búsqueda de desaparecidos de otros estados.
Debe quedarnos claro que la desaparición de personas no es producto de la casualidad, sino consecuencia de esa complicidad establecida entre policías y delincuentes, que es un sesgo de la corrupción que daña terriblemente a los mexicanos.
