José Cruz Delgado
De acuerdo con Silvia Estrada Esquivel, titular de la Secretaría de la Contraloría de Michoacán, hay procedimientos de responsabilidades contra dos altos exfuncionarios de la nefasta y gris administración de Salvador jara Guerrero.
Se dice que existen procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de dos ex servidores públicos de la administración de Salvador Jara Guerrero por el desvío de la última nómina de su periodo en perjuicio de los trabajadores de confianza.
Desde que inició la administración de Silvano ya se tenía conocimiento de ello, pues había una serie de protestas y plantones unos días antes que culminara el negro periodo de Jara, pero hasta ahora Estrada Esquivel encontró el “hilo negro”.
Esta funcionaria habla y amenaza con meter al bote a ex funcionarios que cometieron un delito en pasadas administraciones pero no hace nada y al igual que otros funcionarios de esta administración nunca hacen nada fomentando la impunidad.
Mediante una tarjeta informativa que dio a conocer la dependencia a cargo de Silvia Estrada Esquivel, se señala que con motivo de los trabajos de supervisión al ejercicio presupuestal 2015, la secretaría de la Contraloría tuvo conocimiento de presuntas irregularidades administrativas en el pago de la nómina “compensación Garantizada” otorgada al personal de confianza del Poder Ejecutivo, correspondiente del 15 al 30 de septiembre de 2015.
Derivado de lo anterior, dijo que se iniciaron los trabajos de investigación en el que se determinó lo siguiente: La nómina a la que hace referencia no fue pagada. Se presume la existencia de responsabilidades administrativas cometidas en el desempeño de sus funciones de quien fuera secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Miguel López Miranda y de quien fuera la directora de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas y Administración Stefany Berenice Carreón Reyes.
Por lo tanto, concluye que existen procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de ambos ex servidores públicos y el estado procesal indica que se encuentra en la elaboración el proyecto de la resolución para resolver sobre esta irregularidad.
Y debido a que la dependencia negó la entrevista para hablar sobre el tema, no se conoce cuantos meses llevará la conclusión de su trámite para dar vista al Ministerio Público y en su caso, se finquen responsabilidades, igualmente queda a deber los datos relacionados con la cantidad de personas afectadas, así como la cifra millonaria del desvío dl recurso público por esta causa.
Carreón Reyes aún permanece en funciones dentro de la dependencia tanto que en marzo pasado acudió a eventos en representación del secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, pese a que ya fue inhabilitada por dos años y la sanción económica que deberá pagar es de 96 millones 807 mil 768.74 pesos.
El gobierno de Michoacán rebasó en 4,937 millones de pesos el presupuesto inicialmente autorizado por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2015, correspondiente al último año del ex gobernador Salvador Jara Guerrero, en la transición para entregar el mando al gobernador Silvano Aureoles Conejo.
Más de 230 pliegos de observaciones está fincando la Auditoría Superior del Estado a exfuncionarios de Jara Guerrero, quienes serán llamados a cuentas para deslindar responsabilidades, respecto del trimestre de gobierno que le corresponde a Aureoles Conejo, de acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública Estatal del ejercicio fiscal 2015.
La Secretaría de Salud acumuló 41 pliegos de observaciones; la SCOP, 39; el Instituto de Infraestructura Educativa, 36; la Secretaría de Finanzas, 18; y Comisión de Ferias, 16, entre otros.
En los casos en que los exfuncionarios no solventen lo observado, la Auditoría Especial de Fiscalización Estatal, responsable de ejecutar las auditorías, remitirá las observaciones a la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la propia Auditoría Superior de Michoacán, para iniciar los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, cuya culminación consistirá sustancialmente en determinar, en su caso, la responsabilidad resarcitoria y sanciones respectivas, ante un daño y perjuicio a la Hacienda Pública Estatal.
