CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo (AlmomentoMX).- El Consejo Consultivo del Agua (CCA), asociación civil, plural e independiente, integrada por personas, empresas y organismos de los sectores social, académico y privado en México, manifestaron su gran preocupación por la posposición de la discusión y aprobación de un proyecto de Ley General de Aguas (LGA).
Jesús Reyes Heroles, presidente del CCA, manifestó que se requiere de una Ley General que establezca las bases para satisfacer el derecho humano al agua, así como el abastecimiento de los ecosistemas y usos económicos, así como seguridad jurídica, rendición de cuentas, y uso eficiente del recurso.
Una Ley, dijo, que permita regular la gestión del recurso, a partir de un diseño institucional actualizado, que recoja realidades sociales, económicas, y ambientales; que considere la participación efectiva de los sectores público, privado y social, así como de los distintos ámbitos de gobierno en el diseño, planeación, ejecución, seguimiento, y control de la política pública del agua.
El Consejo Consultivo del Agua considera indispensable que la LGA que se promulgue contenga, como mínimo:
- Disposiciones para que el Estado haga efectivo el derecho humano al agua para todos los mexicanos, con un mínimo de entre 50, e idealmente, 100 litros de agua salubre por persona al día, y que esta sea accesible y asequible.
- Directrices para una política pública del agua equitativa que garantice: a) disponibilidad suficiente a poblaciones humanas y a actividades económicas, con la calidad, regularidad y volúmenes necesarios; b) buenos estándares de pureza del agua, en cuerpos continentales y zonas costeras; y, c) abastecimiento adecuado para la conservación de cuencas y ecosistemas acuáticos.
- Criterios para una ley capaz de encaminar al país hacia la seguridad, la sustentabilidad, la equidad, y la competitividad hídricas.
- Distribución clara de facultades entre Federación, estados y municipios, que tome en cuenta la participación de las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento, y que procure una adecuada concurrencia de la sociedad en la gestión y administración del agua.
- Mecanismos que garanticen certidumbre jurídica para que la sociedad, empresas, organizaciones, y gobierno, puedan concurrir y participar en la formulación y ejecución de la política hídrica.
- Una efectiva regulación, supervisión y control de los organismos operadores de agua, para garantizar la eficiencia, calidad y sustentabilidad de los sistemas de agua urbano-municipales.
- Incentivos que promuevan la innovación tecnológica en todos los aspectos del agua, incluyendo la captación de agua de lluvia, y el aprovechamiento de los mantos de agua profunda, que sirvan para acrecentar las reservas del recurso.
- Instrumentos que incentiven el uso eficiente del agua, así como su reúso, reciclaje, sustitución de aguas de primer uso, revertir el abatimiento de los mantos freáticos, y eliminar la contaminación de los cuerpos de agua;
- Mecanismos que permitan generar los recursos necesarios para la expansión de la infraestructura hídrica del país.
- Acciones efectivas de vigilancia y control que garanticen la aplicación de la ley, el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la transparencia.
En suma, señaló Jesús Reyes Heroles, demandan del Ejecutivo y del Congreso Federales, de los gobiernos estatales, y de los ayuntamientos que coordinadamente concluyan, tan pronto sea posible, el proyecto de Ley General de Aguas y su promulgación, como lo exige el país.
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