Pablo Cabañas Díaz
Javier Duarte de Ochoa seguirá en Guatemala. Se negó ante las autoridades de Guatemala a ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, el ex mandatario de Veracruz dijo: “En este momento no puedo allanarme hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensa. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservó ese derecho hasta ese momento”.
El político veracruzano pudo haber sido expulsado de Guatemala a México de inmediato debido a su irregular situación migratoria, en vez de ser sometido al proceso de extradición, según expresó el ex Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Gabriel Orellana Rojas.
La estrategia de los abogados del ex gobernador es que este se quede un largo tiempo en Guatemala para luego ser liberado y considerado un perseguido político. Incluso ha elaborado un largo escrito donde se documentan una serie de supuestos abusos de autoridad y violaciones a sus derechos. Su objetivo es permanecer una larga temporada en Centroamérica para que luego la Corte Suprema lo libere y lo considere un perseguido político. Lo acompaña en esta intención el hecho de que Guatemala tiene uno de los sistemas garantistas más robustos del continente.
Un ejemplo de estas garantías se vivió el mismo día de la captura: la Interpol no podía violentar ni ingresar a su habitación pese a la orden de captura librada por un juez. Por eso lo tuvieron que detener en un pasillo del hotel. Un mundo diferente frente a México, que recién descubre el modelo penal acusatorio. Los abogados de Duarte creen que si pisa México quedará en medio de fuego cruzado. Por un lado, el Gobierno que le recomendará declarar contra Andrés Manuel López Obrador. Por otro, los emisarios de Morena que le recomendarán hablar del fondeo de la campaña presidencial del 2012. La presión será la misma por ambos lados: la familia del ex gobernador.
A lo anterior habrá que sumarle que el gobierno de Veracruz a través de la Fiscalía del Estado presentó dos órdenes de aprehensión libradas por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público.
Hasta el momento, la Procuraduría General de la República ha tramitado ante el gobierno guatemalteco, la orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 439 millones 662 mil 979 pesos, derivado de una aprehensión librada por un juez federal.
Con un escenario en extremo polarizado, el ex gobernador no quiere ser presa de un poder real pero declinante y de uno emergente que puede generarle más problemas. Guatemala, implica una zona de seguridad.
