Pablo Cabañas Díaz
Con 64 votos a favor, 26 en contra y una abstención, el Pleno del Senado de la República ratificó a Paloma Merodio como vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta resolución, tomada el pasado seis de abril, ocurre en medio de una ola de críticas por la falta de experiencia académica de Merodio en cargos públicos. Su nombramiento fue propuesto por Enrique Peña Nieto y se impuso frente a organizaciones como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que han reprochado que esta funcionaria carece de las justificantes necesarios para desempeñar el puesto para el fue elegida .
Paloma Merodio tiene una experiencia en el sector público escasa: en 2010, durante cuatro meses asumió una jefatura de análisis en la Sedesol; en el primer año de la administración de Peña Nieto fue titular de la División de Análisis Socioeconómico y Sectorial del IMSS y posteriormente asumió la coordinación de la Unidad de Planeación Estratégica Institucional (UPEI), también del IMSS, donde “coordinaba las encuestas de satisfacción”, según aseveró en su declaración patrimonial de servidora pública. Luego dejó el IMSS para llegar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces a cargo de José Antonio Meade Kuribreña, para asumir la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales, último puesto que ocupó. En el sector privado, se desempeñó durante varios años como analista en consultorías de economía y realizó dos pasantías de un mes cada una en el Banco Mundial y en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), un órgano de la institución global.
Con estos antecedentes al iniciar esta semana se sumaron firmas de connotados investigadores y académicos que cuestionan a por carecer de una carrera académica al máximo nivel o de experiencia en el sector público en puestos superiores a una dirección general. El problema de credibilidad que enfrenta el gobierno de Peña Nieto, se acrecienta con esta decisiones que agravian a entidades y organismos autónomos, que tenían una imagen intachable, cuyos datos nadie cuestionaba, como el INEGI.
