Pablo Cabañas Díaz
Las elecciones de 2015, tuvieron peculiaridades propias del contexto político en el que se desarrollaron. Fueron las elecciones intermedias más grandes y más caras en la historia reciente del país. En total se disputaron 2170 cargos de elección popular, que abarcaron las ramas ejecutiva y legislativa, y los tres niveles de gobierno. Para su organización, el funcionamiento de los organismos electorales y el financiamiento de los partidos políticos se destinaron 786.8 millones de pesos. Probablemente las elecciones de 2015 también hayan sido las de mayores irregularidades.
Se presentaron 14 566 denuncias lo que significó un aumento de 80 % con respecto a la elección intermedia de 2009. De estas denuncias, 95 % fue por violaciones de derechos político-electorales. Ningún partido estuvo libre de caer en irregularidades o de cometer actos en contra de la legislación electoral. El más castigado por la sistemática violación a la ley fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), denunciado por el uso indebido de propaganda, vulneración del principio de equidad, desobediencia y reiteración. Dada la reincidencia de faltas graves en las que incurrió el PVEM, un grupo de más de 100 mil firmantes exigió al INE el retiro de su registro. La petición fue desestimada y, ese partido vio reducidas las sanciones impuestas.
El clima de violencia impactó como nunca antes. Se cometieron 22 homicidios a precandidatos, candidatos e integrantes de equipos de campaña. Sobre este aspecto llama la atención que los asesinatos no se concentraron en las zonas más afectadas por la violencia asociada al crimen organizado. El PVEM acumuló una sanción cada tres días entre el 15 de enero y el 20 de abril de 2015. Casualmente, un día antes de discutirse el retiro de registro al PVEM, se transmitió en los principales medios de comunicación una grabación en la que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se burla de la forma de hablar de integrantes de una comunidad indígena.
El clima de violencia y de conmoción social, la participación ciudadana no se vio afectada sino que superó con casi tres puntos porcentuales a la de 2009, al pasar de 44.6 a 47.1 %, y el voto nulo también disminuyó de 5.4 a 4.9 %, independientemente del llamado de algunos intelectuales y politólogos, quienes realizaron campaña a favor de la anulación como medida de desaprobación de todas las opciones políticas. Las elecciones se caracterizaron también por la irrupción de nuevos actores políticos: tres partidos de nueva creación que obtuvieron su registro meses antes de iniciar las campañas electorales —Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido Humanista—, y se estrenó la figura de las candidaturas independientes, con 127 candidatos independientes registrados, de los cuales un gobernador (en Nuevo León), un diputado federal (por Sinaloa), tres alcaldes municipales (Morelia, García y Comonfort) y un diputado local (en Jalisco) resultaron electos.
Por primera vez las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los candidatos fue un tema que se consideró en las campañas electorales. Pero sólo 378 candidatos de todos los que contendieron por alguno de los 2170 cargos en disputa presentaron dichas declaraciones. Destaca que ocho candidatos a gobernador y ocho gobernadores ya en función cumplieron su compromiso al presentar la declaración.
