Pablo Cabañas Díaz
Hoy inicia el proceso electoral en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, donde casi 14 millones de mexicanos podrán ejercer su derecho al sufragio, aunque la importancia de este proceso reside en la correlación de fuerzas políticas rumbo al 2018. En dos de las tres entidades donde se elegirá gobernador no ha habido alternancia en 87 años: el Estado de México y Coahuila.
Estas elecciones serán también una prueba para la reforma político-electoral de 2014 que propuso cambios significativos al sistema electoral mexicano, mediante los cuales el Instituto Federal Electoral (IFE) se convirtió en el Instituto Nacional Electoral (INE), por que el nuevo organismo cambión su conformación y adquirió mayores facultades y responsabilidades.
Entre los principales cambios destaca la formación de un modelo “semicentralizado” de organización delos procesos electorales, en el que el INE se encarga de los comicios federales, como en el IFE, pero se coordina con los órganos locales para la celebración de elecciones en estados y municipios. También, el INE puede atraer las elecciones locales en caso de ser requerido o por un criterio de interpretación, y puede designar o remover a los consejeros electorales de dichos órganos locales.
Para María Marván, ex consejera presidenta provisional del IFE la nueva reforma atendió a “compromisos clientelares” y no fue producto de una “necesidad democrática” .
En lo que respecta a su composición fueron desestimados perfiles ciudadanos y aprobados aquéllos con clara vinculación a los partidos políticos, aun sin contar con el perfil curricular idóneo de esta forma el Consejo General del INE quedó integrado por 10 consejeros electorales y un consejero presidente. Todos podrán permanecer en su cargo por nueve años sin posibilidad de reelegirse. En el ramo de la fiscalización también hubo modificaciones importantes. Se eliminó la Unidad de Fiscalización para que sus funciones las cubriera el Consejo General del INE, que puede llevar a cabo fiscalizaciones a niveles federal y local. Con ello se faculta y se dota de recursos al INE para realizar auditorías, verificaciones, inspecciones e indagatorias, con la finalidad de obtener información sobre las operaciones, los informes y los recursos de los partidos y los candidatos.
La reforma de 2014 contempló la reelección inmediata para diputados locales y federales, senadores y alcaldes municipales, con lo que puso fin a la prohibición constitucional de 1933. En principio, se espera poder mejorar la profesionalización de los actores políticos, dotarlos de mayor independencia respecto de sus partidos y dar continuidad a los programas que impulsen, así como permitir al electorado premiar o castigar al funcionario por su desempeño. Pero el político que quiera ser reelecto debe contar con el aval de su partido y éste deberá ser el mismo que lo postuló la primera vez, lo cual pone en tela de juicio la supuesta independencia alcanzada y la posibilidad de hacerlos sujetos de rendición de cuentas de manera directa.
