CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo (AlmomentoMX).- Luego que se diera a conocer que la PGR investiga a familiares de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, la panista acusó al PRI de utilizar a las instituciones de manera facciosa.
“Hoy se confirma que tienen miedo porque saben que los vamos a derrotar, una vez más el PRI y el gobierno demuestran su miedo de perder la elección en el Estado de México, por eso recurren a esta guerra sucia”, dijo Vázquez Mota en conferencia de prensa.
Señaló que la nota publicada el día de hoy no la involucra en ninguna conducta indebida, además aseguró que los ingresos de su familia son producto del trabajo realizado durante décadas.
“Josefina cuenta con todo el apoyo, con todo el respaldo y con toda la confianza del partido, confiamos en que será nuestra próxima gobernadora. Hacemos un llamado a la gente para que no se dejen engañar”, señaló el líder del PAN, Ricardo Anaya.
La información publicada señala que el padre y seis hermanos de Vázquez Mota presuntamente recibieron 17 millones de pesos de empresas que 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de 400 millones de pesos, supuestamente de origen ilícito.
Se trata de Arnulfo Vázquez Mota, padre de la panista, y seis de sus hermanos, entre ellos Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, empresa de la que la candidata es accionista.
Señala que el 14 de diciembre de 2015, la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima y Bolshoye.
La denuncia señala que las dos empresas, cuyas instalaciones y el personal que emplean no coinciden con los movimientos de recursos, son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández.
Para la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, tanto Smart Bussines Consulting Sima como Bolshoye, son empresas fachada, es decir, sociedades mercantiles aparentemente legales que encubren, como una pantalla, actividades ilegales y que existen sólo en papel.
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