*Quienes las torturaron desempeñan funciones que serían bien vistas en un Estado policial o totalitario, pero que no caben en una democracia. ¿Lo somos? ¿O somos lo otro?
Gregorio Ortega Molina
El verdugo es un funcionario del Estado. Recibe un salario y responde a una necesidad legal: cumplir con las sanciones impuestas por los jueces.
El torturador vive en sociedad aunque opera al margen de la ley, pero existen en todas las naciones y en algunas son altamente cotizados sus servicios. Supongo que tienen sus cofradías o sus “colegios de profesionales”, en los que se reúnen a dialogar civilizadamente de sus experiencias, de su desarrollada estética del dolor y la sangre, de los gritos de la víctima, de los clamores de perdón y, también, cómo se sienten -en algunas latitudes- al ser parte sustancial del sostenimiento del Estado y de algunas de sus instituciones.
No olvidemos que existen otros torturadores especializados en maltratar mujeres, lo hacen con anuencia de las familias en que se encuentran inmersos, incluso con complicidad de los padres de la víctima, a la que hay que reeducar, porque la vida en pareja no es fácil, y ser madre requiere de mucho sacrificio.
Esos hombres que se solazan en humillar y maltratar a sus esposas o concubinas o amantes o parejas, y -dicen ellos- lo hacen porque esas mujeres están muy necesitadas de aprender, de reeducarse, debido a que nacieron para servirlos a ellos y a sus hijos. ¿Será? Todavía hay muchos que así lo piensan, y si no son obedecidos pegan, matan, pero antes torturan cotidianamente a las que llevaron al hogar para convertirlas en esclavas.
Se motivan las disquisiciones anteriores de mi lectura de El País, donde me entero, por reportaje de Esteban Beltrán, que conversó con las mujeres torturadas en el Centro de Readaptación Social 16, ubicado en Morelos, México.
Verónica, además de nunca haber visto al juez que determinará su destino, ni conocer a su abogado defensor de oficio, fue sistemáticamente violada y torturada, hasta obligarla a firmar una confesión en la que se reconoce como parte de la delincuencia organizada.
Escribe el reportero: “Hombres armados y enmascarados la metieron en un galpón y la torturaron asfixiándola con una bolsa de plástico y sufrió descargas eléctricas. Luego fue violada una y otra vez obligándola a firmar una confesión de culpabilidad. Dos años después de su detención, psicólogos de la Procuraduría General de la República confirmaron que Verónica presentaba síntomas coincidentes con la tortura que decía haber sufrido. Sigue en prisión a pesar de haber identificado a uno de sus torturadores, el que la miraba de frente y le hablaba al oído mientras la amenazaba e insultaba. El torturador (llamémosle presunto) nunca fue interrogado; no digamos siquiera detenido.
“Las otras cuatro mujeres se sientan juntas ante nosotros. Todas lloran al hablar, nos abrazan al llegar y nos despiden abrazadas. Son parte de cien mujeres torturadas en México por las fuerzas de seguridad que Amnistía Internacional pudo documentar en un informe el año 2016. El 93% habían sido víctimas de golpes o palizas durante su detención y el 41% fueron semiasfixiadas con una bolsa de plástico. Se llaman Mónica Esparza, Yuritxi Renata Ortiz, Florencia Jovita Herrera y Magdalena Saavedra. Llevan años en prisión, ninguno de sus torturadores ha sido identificado y se han convertido, a la fuerza, en abogadas expertas en sí mismas y escudriñan huecos y salidas a su situación entre una maraña de artículos de códigos procesales y penales, y así lograr, también, que sus abusadores respondan ante la justicia por lo que han hecho. No sé si son inocentes pero sí que fueron torturadas”.
Quienes las torturaron desempeñan funciones que serían bien vistas en un Estado policial o totalitario, pero que no caben en una democracia. ¿Lo somos? ¿O somos lo otro?
