CIUDAD DE MÉXICO.- Es positivo el dictamen de la Cámara de Diputados para implementar un programa masivo de verificación y comprobación de ingresos y gastos en organizaciones sociales diversas, entre ellas los sindicatos, en donde se presume existe evasión de impuestos.
Trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), consideraron que una medida de este tipo contribuirá a castigar la evasión realizada por su dirigente espurio, Alejandro Martínez Araiza, acusado de desviar recursos de la agrupación por 600 millones de pesos.
Así lo consideraron al analizar la reciente aprobación del pleno de la Cámara de Diputados del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2027, que contempla una mayor fiscalización de organizaciones sociales.
El dictamen ya fue aprobado por la Cámara Baja y en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República y se espera que sea aprobado por el pleno de esa soberanía popular el 31 de octubre, a más tardar.
Los diputados aprobaron un artículo transitorio (el trigésimo) en el dictamen de la LIF, el cual faculta al SAT para implementar un programa masivo de verificación y comprobación de ingresos y gastos de los sindicatos, debido a que la autoridad fiscal presume que en ellos existen esquemas de opacidad y riesgo de evasión fiscal.
Bajo el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), tributan 25 categorías, entre las cuales se encuentran entidades sin fines de lucro, como los sindicatos, partidos políticos, organizaciones religiosas y donatarios autorizados, entre otros, pero los legisladores consideran que muchas de ellas reciben ingresos no justificados, amparados incluso con facturas falsas.
A las Personas Morales con Fines no Lucrativos, como los sindicatos, se les otorga un esquema de exención general siempre y cuando operen dentro de su objeto social legal y que las cuotas sindicales y los ingresos por ventas de productos y servicios queden en las arcas de la organización y no sean retiradas por los dirigentes, situación que no se cumple en el caso del SNAC.
De acuerdo con la legislación, el dinero de las cuotas pertenece al patrimonio gremial y debe usarse para los fines de la asociación. Si el líder sindical retira fondos de las cuotas para su uso personal, lujos, viáticos no comprobados o los recibe como sobresueldos, el SAT lo considerará un “remanente distribuible ficto” o ingresos por salarios/asimilados; que deben ser declarados.
En este sentido, los trabajadores indicaron que Martínez Araiza debe ser sujeto a una auditoría personal, porqué existen indicios de que desvió dinero para su beneficio proveniente de las arcas sindicales, lo cual constituye un ingreso económico indebido.
Las reglas para la fiscalización, contenidas en el dictamen aprobado, vendrán como parte de una resolución miscelánea que el SAT publica en diciembre, como lo hace por lo general comúnmente a fines de cada año, pero primero se tiene que aprobar la iniciativa de LIF 2027 en el Congreso de la Unión en su conjunto.
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