Federico Berrueto
Las protestas en Guadalajara por el problema del agua y el reclamo generalizado en el país por los trabajadores del sector salud plantean una crisis más profunda de lo que se alcanza a percibir. Ya antes, agricultores y transportistas exhibieron músculo y dejaron testimonio del la indiferencia de las autoridades a reclamos básicos como inseguridad y abandono al campo.
De alguna manera el austericidio ha ido cobrando cuota. La presidenta Sheinbaum se resiste a reconocer el grave problema en el sector salud por el desabasto de medicinas. Un problema de corrupción e ineficacia, mucho más grave por la destrucción el derroche presupuestal. Bajo el pretexto de corrupción se cancelan programas, proyectos, acciones e instituciones, sin que lo nuevo resuelva o mejore. Las obras emblemáticas son monumento a la corrupción y ninguna cumple con sus objetivos. Esa ha sido la marca de la casa y está en todo. La herencia desastrosa de quien se plantó ante el país como portador de la cuarta transformación de la vida pública.
Las grandes pretensiones de los gobernantes suelen conducir al desastre. El voluntarismo implícito casi siempre va acompañado de ignorancia, soberbia e incapacidad para estudiar, analizar y evaluar. Se parte de ideas fijas, del prejuicio y se imponen la arbitrariedad y el capricho. En el proceso de evaluación del régimen adquieren dimensión aquellos que, en su momento, optaron por retirarse antes que ser parte y aval del desastre en curso. No fueron pocos y cada cual a su modo dejó al presidente López Obrador en su singular manera de ejercer el poder.
La presidenta Sheinbaum es rehén de sí misma. Su formación política, sus convicciones y su manera de entender su apego al proyecto político le han impedido actuar con acierto y libertad. En ese sentido, López Obrador no se equivocó al orientar la sucesión por ella, una persona movida no por los intereses y pulsiones propias de la política, sino por sus ideas fijas del poder, del gobierno y del liderazgo moral de su jefe y promotor. Ha cruzado el Rubicón en un camino sin retorno, aunque sobran quienes esperan una corrección; ojalá y tuvieran razón.
Su apego al líder moral implica no sólo un blindaje al pasado inmediato, en términos poco comprensibles y menos esperados. La impunidad se eleva a causa suprema por la soberanía nacional y de respuesta ilusoria a la embestida judicial norteamericana. En el empeño soberanista se declara guerra a los enemigos internos de la nación, ahora nombrados neofascistas que de antemano implica su exclusión y ratifica la determinación de mantenerlos a raya a toda cosa, si es preciso con los recursos de una justicia penal o sancionadora a modo como la electoral. Así sea contra la libertad de expresión o los adversarios a quienes la ley y el sentido común les concede, quiérase o no, un lugar en el espacio institucional de la política.
El problema es que el Estado ha abandonado a la Constitución, la auténtica, la de la República, aquella que de alguna manera representaba a todos, garantizaba derechos y permitía la inclusión y coexistencia de la diversidad; la de ahora es apócrifa, redactada por una ilegal sobrerrepresentación; la del régimen autoritario, la que excluye, reprime a quien disiente e inhibe la libertad; la de la militarización de la vida pública, la de la opacidad, que hace de la impunidad condición de existencia.
Al menos el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, forzado por la circunstancia, tuvo a bien a enmendar y reconocer error. La protesta por el agua potable muestra la fuerza disruptiva de una minoría indignada que puede amenazar el orden de cosas, capacidad que se potencia cuando la autoridad actúa con brutal torpeza, como el pasado fin de semana. El problema del agua persiste y queda de relieve que la gravedad de la situación resulta porque no se actuó en su momento, cualquiera que sea la explicación; dejadez que nada justifica y a nadie exculpa.
Las protestas de Guadalajara además de premonitorias son secuela de la indignación social por el abandono de los gobiernos de sus responsabilidades elementales. Como tal no es diferente a la indignación pública de los padres de hijos con cáncer, los trabajadores y derechohabientes por la crisis del sistema de salud, las movilizaciones asociadas a las víctimas de la violencia y los desaparecidos, las de las mujeres que visibilizan la violencia y el feminicidio y muchas más que se cultivan en una sociedad cansada del abuso y engaño gubernamental.
