Octavio Campos Ortiz
La narrativa oficial niega la ingobernabilidad y el control territorial del crimen organizado sobre México; sin embargo, se ha documentado la intervención de las mafias en los procesos electorales recientes. A pesar de los datos estadísticos que hablan de una continua reducción de la incidencia delictiva, sobre todo de los homicidios dolosos, es evidente que no cede la violencia política -especialmente a nivel municipal-, en todo el país.
La consultora Integralia da cuenta del avance de los grupos delictivos en el control político, económico y social -los mañosos hacen uso de su base social-, en buena parte del territorio mexicano y es evidente la participación de los cárteles en el financiamiento de campañas, la imposición de candidatos, la eliminación, secuestro y amedrentamiento de adversarios, la compra de votantes, la destrucción de casillas y agresiones a funcionarios electorales e intimidación de sufragantes. Finalmente, son los ahijados de los grupos delictivos quienes arriban a los cargos de elección popular. Más aún, el experto en seguridad nacional e inteligencia, Eduardo Vázquez Rossainz, advierte del riesgo de que, en los comicios de 2027, jóvenes criminales ocupen los gobiernos municipales y se imponga una oclocracia criminal, es decir, un poder delictivo. Enfatiza el estudioso que peligra la democracia mexicana ante la posibilidad de que miembros del crimen se incorporen a los partidos como candidatos y se hagan gobierno. El problema es que también los cabildos designan a los jefes policiacos, los cuales no han sido nada impolutos y si poco eficientes.
Los alcaldes son la parte más vulnerable de la pirámide de gobierno. Por un lado, se han convertido en víctimas directas, o sus familiares, de la violencia política y por otro, resultan abyectos empleados de los barones de la droga. Integralia acredita que en el proceso electoral 2023-2024 hubo 889 víctimas de agresiones a aspirantes y candidatos, lo que significó el proceso más violento en la historia moderna del país; el 78 por ciento se concentró a nivel municipal. En los últimos 25 años han asesinado a poco más de 130 alcaldes de todos los partidos, independientemente de los exfuncionarios que querían regresar al poder o los aspirantes a ediles. Además de los atentados en contra de familiares directos de los munícipes, como padres, hermanos, esposas o hijos. Los motivos varían desde el negarse a complicidades criminales hasta el incumplimiento de pactos por la connivencia con delincuentes.
Pero también están los casos de quienes son empleados de los zares del crimen y actúan con toda impunidad hasta que por eventualidades, circunstancias políticas o presión mediática son descubiertos y no hay más remedio que ser detenidos, destituidos y encarcelados al comprobarse su evidente participación en la delincuencia organizada, el control de grupos criminales, la corrupción de cuerpos policiales municipales o el consentimiento de la extorsión y el secuestro. Tan solo en lo que va de la presente administración han sido detenido 13 alcaldes. Todos relacionados con actividades ilícitas, perpetración de homicidios, autoría de secuestros o extorsiones. Eso habla del riesgo que hay de que avance la delincuencia organizada y ejerza la gobernanza, no como poder fáctico sino real.
El gran reto de los tres niveles de gobierno y de las autoridades electorales, así como de los propios partidos políticos, es blindar las candidaturas a cargos de elección popular para evitar la infiltración del crimen en las estructuras de poder, que ya es un hecho, y el año entrante vigilar y asegurar que no haya violencia en los próximos comicios -los más grandes en la historia del país por el número de puestos a competir-, y que no intervenga la delincuencia para intimidar a aspirantes o electores. La violencia política puede amenazar una democracia que cada día es más endeble.
