CIUDAD DE MÉXICO.- A una semana de la presentación del Paquete Económico 2027, la discusión comienza a trasladarse de las cifras generales hacia una pregunta relevante para ciudadanos y empresas: ¿cómo lograr que los recursos públicos se conviertan en crecimiento, inversión y mejores condiciones económicas?
Para Octavio Pozos, director ejecutivo de Blue Whale Markets, el principal desafío será mantener los programas sociales y los proyectos prioritarios sin elevar la deuda más allá de la capacidad de pago del país.
“No basta con definir dónde se gastará el dinero. También debemos analizar si esos recursos generarán beneficios, cuánto tiempo tomará recuperar la inversión y de dónde saldrá el dinero para cubrir las obligaciones adquiridas”, explica.
Desde su perspectiva, un presupuesto responsable debe atender cuatro prioridades.
La primera es dirigir los recursos hacia proyectos con resultados verificables. El gasto social responde a necesidades inmediatas y puede mejorar la calidad de vida de millones de personas; sin embargo, debe acompañarse de mecanismos que permitan medir su impacto y asegurar su sostenibilidad.
La segunda es conservar un déficit fiscal manejable. Un mayor endeudamiento puede cubrir necesidades de corto plazo, pero también trasladar sus costos a futuras generaciones y generar presiones sobre el crédito, la inversión y las finanzas de los ciudadanos.
“El objetivo debe ser que no nos endeudemos más de lo que podemos pagar. Todo este presupuesto, al final del día, alguien lo tiene que poner sobre la mesa”, advierte Pozos.
La tercera prioridad es generar condiciones para la inversión privada. Además de incentivos fiscales, las empresas requieren seguridad, reglas claras y certidumbre para desarrollar nuevos proyectos.
“Puede parecer un elemento indirecto, pero la seguridad genera confianza para que los inversionistas pongan su dinero a trabajar en una empresa, un activo o un nuevo proyecto”, señala.
Finalmente, el paquete propone fortalecer la recaudación sin crear nuevos impuestos, mediante una mayor fiscalización, formalización y digitalización de las operaciones. La iniciativa de Ley de Economía Digital busca reducir gradualmente el uso de efectivo e impulsar los pagos electrónicos.
Pozos considera que esta transición puede mejorar la visibilidad de los recursos y ayudar a combatir operaciones irregulares. No obstante, su implementación deberá tomar en cuenta las condiciones de las pequeñas empresas, las comisiones y el acceso a infraestructura financiera.
“El propósito no debería ser ejercer una mayor presión sobre quienes ya cumplen, sino recaudar de mejor manera y construir un sistema más eficiente”, puntualiza.
El resultado del Paquete Económico 2027 dependerá de su ejecución. Convertir el gasto en crecimiento requerirá disciplina financiera, evaluación de los proyectos, certidumbre para la inversión y una estrategia de recaudación que amplíe la formalidad sin frenar la actividad productiva.
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