TLALNEPANTLA.— Una jueza de control vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su presunta responsabilidad en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, así como de su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar, en hechos ocurridos en el municipio de Atizapán de Zaragoza.
Durante la audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Control del penal de Barrientos, la autoridad judicial determinó que existen datos de prueba suficientes para procesar a ambos imputados por el delito de homicidio calificado —con las agravantes de premeditación, ventaja y alevosía— en agravio del músico, de su cónyuge Ana Paula, de su menor hija Sofía y de la joven Aleyda Romero.
Asimismo, a los señalados se les imputó el delito de interrupción del embarazo (violencia materno-infantil), debido a que la esposa del artista cursaba el cuarto mes de gestación al momento del ataque; además del delito de maltrato y crueldad contra seres sintientes por privar de la vida a Nala, la perrita Golden Retriever de la familia.
El móvil: el robo de una cartera de criptomonedas
De acuerdo con las indagatorias presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el crimen perpetrado el pasado 1 de septiembre en el fraccionamiento residencial Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán, tuvo un trasfondo económico premeditado.
La teoría del Ministerio Público señala que Diego Sebastián “N”, identificado como socio comercial del tecladista, utilizó la relación de confianza para acceder al departamento junto con Gerardo “N”. El propósito era sustraer una cartera física o “caja fría” (cold wallet) que presuntamente resguardaba claves de acceso a criptomonedas valuadas en cifras millonarias.
Las autoridades sostienen que Diego Sebastián “N” habría prometido un pago de dos millones de pesos a su cómplice a cambio de participar en el ilícito. Al ser descubiertos y ante la presunta advertencia de Jonathan sobre la presencia de personas que sabían de su visita, los agresores habrían decidido no dejar testigos, disparando contra los presentes.
⇒ El único sobreviviente fue el hijo de la pareja, de cinco años, quien logró resguardarse durante la agresión.
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Aunque el Ministerio Público solicitó medio año para las pesquisas complementarias, la juzgadora fijó un plazo de cuatro meses, el cual vencerá en enero de 2027. En este lapso se desahogarán dictámenes periciales psicológicos al menor sobreviviente, análisis a las cuentas bancarias de la víctima e informes de geolocalización y telefonía celular.
Ambos sujetos permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, conocido como el Penal de Barrientos. En caso de acreditarse su culpabilidad en juicio oral, la Fiscalía estatal estima que podrían alcanzar penas acumuladas que oscilan entre los 108 y hasta los 296 años de prisión.
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AM.MX/dsc
