URUAPAN.— Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeñó como secretaria particular del asesinado presidente municipal Carlos Manzo, denunció haber sido despedida de manera injustificada del Ayuntamiento de Uruapan por instrucciones de la administración encabezada por la actual alcaldesa, Grecia Quiroz García.
⇒ De acuerdo con la ahora exfuncionaria, la rescisión laboral se trata de una represalia directa luego de que acudiera a la Fiscalía General de Michoacán para ampliar su declaración ministerial en torno al homicidio del exedil.
A través de un pronunciamiento en redes sociales, Méndez Rodríguez explicó que personal de la Secretaría de Administración local le notificó de forma verbal su baja, vulnerando sus derechos laborales tras haber ingresado al municipio en 2017 y obtenido su plaza de base en 2021.
Señalamientos contra presunto implicado
La excolaboradora vinculó su cese con el testimonio aportado ante las autoridades respecto a Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, quien se encuentra actualmente vinculado a proceso como presunto colaborador en el asesinato de Carlos Manzo. Según las indagatorias ministeriales, García Rivero presuntamente filtró datos sobre la agenda y ubicación de la víctima la noche de los hechos.
Méndez Rodríguez acusó que García Rivero llegó a la administración pública municipal por recomendación directa de Grecia Quiroz —quien era presidenta del DIF y asumió la alcaldía tras el homicidio de su esposo—. Asimismo, cuestionó que tras la muerte de Carlos Manzo, el imputado fue ratificado en el cargo y beneficiado con un sueldo de 70 mil pesos mensuales, convirtiéndose en uno de los servidores públicos mejor pagados del municipio.
Cuestionamientos al gobierno local
En su mensaje, la exsecretaria particular expuso que llegó a presenciar el envío constante de fotografías y reportes sobre la agenda privada del edil hacia Quiroz, advertencias que en su momento realizó sobre el manejo de información sensible. Además, cuestionó el rumbo ético del actual gobierno municipal frente al legado político de Manzo:
“¿Acaso se está terminando por reproducir aquello contra lo que se decía luchar? ¿Ya no se tolera la crítica ni los señalamientos dirigidos a quienes ejercen el poder? Una investigación de carácter criminal debe resolverse con pruebas y no con campañas de opinión ni guerras de narrativas”, aseveró.
Méndez Rodríguez —quien en enero de 2026 fue requerida por la Fiscalía estatal junto con otros funcionarios para rendir su declaración sobre las horas previas al crimen— aclaró que sus declaraciones ante el Ministerio Público no son una sentencia anticipada, sino una exigencia para que las autoridades deslinden responsabilidades sin brindar protección política a nadie dentro de la administración.
Finalmente, advirtió que no permitirá ser intimidada y que recurrirá a las instancias jurisdiccionales laborales y penales para hacer valer sus derechos y garantizar el esclarecimiento de los hechos: “Perder un puesto de trabajo puede ser una represalia, pero perder el derecho a decir la verdad sería permitir que el miedo nos gobierne. Nos veremos en los tribunales y en la Fiscalía”, sentenció.
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AM.MX/dsc
